El exalcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Romo, y el abogado Gustavo García presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) por los delitos de enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias contra la senadora Xóchitl Gálvez.
Gálvez, quien busca ser la candidata del Frente Amplio por México para las elecciones presidenciales de 2024, presuntamente recibió 70 millones de pesos a través de sus empresas en contratos con proyectos inmobiliarios durante su gestión en la demarcación.
De acuerdo con el morenista, al menos dos inmobiliarias que recibieron permisos de construcción durante la administración de Gálvez en la Miguel Hidalgo, Distrito Polanco y One Marina Park de Simetric Grupo Inmobiliario, contrataron posteriormente a las empresas ligadas a la ahora legisladora High Tech Services y Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes (OMEI) para prestar servicios.
“El conflicto de interés [de Gálvez] es que cuando ella fue Delegada de 2015 a 2018, sus dos empresas High Tech y OMEI, una de ellas su titular es su esposo, la otra su hija; al final es ella la socia y titular desde hace mucho tiempo, a través de Simetric Group Inmobiliario contrataron a dichas empresas para hacer dos desarrollos: Distrito Polanco y One Marina Park”, explicó Romo en un mensaje a medios desde las instalaciones de la Fiscalía.
“Ella otorga los permisos, la manifestación de construcción, la publicitación vecinal, e inmediatamente, por obra y arte de magia, contratan a su empresa por un monto de 70 millones de pesos, en el mismo periodo que se tenía como titular de la Delegación Miguel Hidalgo. Ahí se cuadra perfectamente el conflicto de interés, el tráfico de influencias. No puede ser que ella teniendo la información privilegiada, inmediatamente fuesen contratadas sus empresas”.
El exfuncionario de la Miguel Hidalgo indicó que habría hasta 14 desarrollos inmobiliarios implicados, pero de momento la denuncia penal fue únicamente de dos de las cuales tienen pruebas que los contratos se otorgaron durante el mismo periodo que Gálvez fue Jefa Delegacional. Sumó que entre cuatro y cinco exfuncionarios de la demarcación —quienes ahora se encuentran en otras alcaldías como Cuajimalpa, Coyoacán y Benito Juárez, acusó— podrían ser citados a declarar por los hechos.
“Van a tener que llamar [a citar] a varios funcionarios, porque si se integra bien la investigación hay una Dirección de Licencias, hay una Dirección de Verificación y hay una Dirección Jurídica que tiene que venir a aportar lo que a la investigación le convenga”, declaró.
Cuestionado sobre por qué hasta ahora se hizo la denuncia penal en contra de la senadora, cuando ella es aspirante a la candidatura presidencial, Romo indicó que al día de hoy ya cuentan con las pruebas de los depósitos hechos por Simetric Group para demostrar un cierre de círculo de los contratos.
“Nosotros ya sabíamos de los contratos que se generaron en su periodo como Delegada (…) no teníamos la información. Hoy, efectivamente, se cuadra la información con los depósitos de Simetric Group y es donde ya tenemos los elementos para presentar la denuncia ante la Fiscalía”, expuso.
Y añadió: “Queremos que tenga sus derechos político-electorales firmes, pero también que se haga justicia, porque no puede ser que se haga la inocente cuando detrás de ella hay una red de tráfico de influencias que hoy estamos probando”.
Por su parte, el abogado Gustavo García Arias explicó que la senadora, siendo Jefa Delegacional, estaba obligada a verificar que los desarrollos inmobiliarios se apegaran a la ley y pudo haber declarado su conflicto de interés con un procedimiento de excusa en su momento, pero al no haber registro de que hiciera tal movimiento “queda plenamente acreditado no solamente su conflicto de interés, sino también el ocultamiento del conflicto de interés y que recibió y facturó ingresos a desarrollos inmobiliarios que ella estaba obligada a revisar que estuvieran conforme a derecho”.
Romo ya había adelantado el pasado 14 de julio en el programa Los Periodistas, transmitido por el canal de SinEmbargo Al Aire en Youtube, que Gálvez otorgó permisos a desarrollos inmobiliarios, quienes a su vez contrataron a sus empresas OMEI y High Tech Services, cuando se desempeñaba como Delegada de Miguel Hidalgo entre 2015 y 2018.
“Por lo menos yo tengo pruebas de 10 desarrollos inmobiliarios donde ella otorgó las manifestaciones de construcción, donde generó la publicación vecinal y por obra y arte de magia su empresa fue contratada en estos desarrollos inmobiliarios ofreciendo los servicios de voz y datos, de tecnología, de mantenimiento en estos edificios”, dijo en ese momento el exfuncionario morenista en entrevista con Álvaro Delgado.
A los señalamientos del exalcalde se suman los que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias de prensa matutinas, pues el mandatario federal ha asegurado que empresas vinculadas a la senadora obtuvieron ingresos de contratos con el Gobierno federal.
De acuerdo con una investigación publicada por SinEmbargo, en sus declaraciones patrimoniales Xóchitl Gálvez no aceptó que su hija y su empresa Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes S.A. de C.V. son contratistas del Gobierno federal, incluso de la actual administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador.
La investigación señala que cuando fue alcaldesa de Miguel Hidalgo, declaró ser parte de la empresa High Tech Services S.A. de C.V., pero desde entonces y hasta su última declaración patrimonial como Senadora, omitió declarar su relación con Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes S.A. de C.V., empresa familiar en la que están relacionados su esposo, Rubén Sánchez y la hija de ambos, Diana Vega Gálvez y otros Gálvez.