El Gobierno federal recuperó más de dos millones de dólares en activos pertenecientes a empresas del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, durante un juicio promovido en los Estados Unidos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó esta tarde que el día de ayer, la Jueza Lisa Walsh ordenó la entrega de los bienes de la empresa Delta Integrator, los cuales fueron reclamados por el Gobierno mexicano al acreditarse que la parte demandada incurrió en faltas al omitir concurrir al juicio.
La conclusión de la demanda civil, presentada el 21 de septiembre de 2021 en contra de García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra, concluyó con el ordenamiento por parte de la Jueza en Florida a trasladar al Gobierno federal en un plazo de máximo de 10 días, a través de los abogados de los demandados, los bienes de la empresa anteriormente mencionada, los cuales ascienden a la cantidad de un millón 969 mil 250.25 dólares por tres inmuebles ya liquidados; así como otro departamento ubicado en Miami con un precio estimado de 555 mil 800 dólares, el cual aún no ha sido liquidado.
Dicho lo anterior, la Jueza ordenó la entrega total de dos millones 524 mil 050 dólares, cantidad equivalente a alrededor de 44 millones de pesos mexicanos, procedentes de la venta de inmuebles adquiridos en Florida por la pareja demandada con dinero procedente de “la trama corrupta organizada por ambos contra el Gobierno de México”.
El fallo a favor de las autoridades mexicanas es, prosigue la SHCP en un comunicado, una primera recuperación de activos en Florida, los cuales son producto de actos de corrupción de la banda que organizó Genaro García Luna y que también operó durante más de 10 años durante los sexenios de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
“Los recursos repatriados serán destinados de conformidad con las leyes vigentes en beneficio del pueblo de México”, agregó.
Otro juicio civil presentado por el Gobierno mexicano, el cual reclama más de 600 millones de dólares, aún no ha concluido y continuará “hasta su culminación”, finalizó la Secretaría de Hacienda.
En marzo de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP detalló cómo Genaro García Luna, quien fue hallado culpable en Estados Unidos de aceptar sobornos de cárteles del narcotráfico, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos.
A través de un comunicado, la UIF, a cargo de Pablo Gómez, destacó que bajo auspicio de García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones.
Estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro mediante la utilización de paraísos fiscales y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos en territorio norteamericano, en el estado de Florida.
“El actual Gobierno de México, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos; en consecuencia, incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas a quienes participaron en esa confabulación y los denunció ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019”, indicó la UIF.
Luego de la denuncia ante la FGR, el Gobierno mexicano presentó una demanda civil, el 21 de septiembre de 2021, ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano, con la intención de resarcir el daño generado al Estado mexicano.
Este proceso civil fue independiente al juicio penal al que fue sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York.
En cuanto a México, la UIF informó que “los procesos penales siguen su curso y el Gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante más de 20 años, incluyendo dentro de éstos los seis años del Gobierno anterior, cuando ya no era servidor público”.
El pasado 9 de febrero, la UIF había detallado esta red de corrupción durante la conferencia matutina del Presidente López Obrador. Pablo Gómez reveló en esa ocasión el nombre de las personas demandadas: Genaro García Luna, Linda Cristina Pereyra de García Luna, Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.