Caso Ayotzinapa: se cumplen 9 años sin los 43 normalistas

Hilda Legideño se entrega por completo al bordado de una playera blanca. Con maestría, sujeta el aro con la tela tensada y con hilo rojo da vida a la palabra “Ayotzinapa“. La aguja se sumerge desde el reverso hacia el frente y regresa, una y otra vez. El ritmo no se quiebra. Sobre la leyenda, emerge un grupo de nueve tortugas, símbolo que encarna la tragedia de este caso y abraza el dolor de una historia, pues en la lengua náhuatl, Ayotzinapa, el nombre que lleva la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos se traduce como “lugar de las tortugas”.

Hilda borda con una quietud que refleja sus pensamientos profundos. Ha completado la frase “Caminando con el corazón” en tonos verdes, pero aún le resta teñir, con los hilos adecuados, las tortugas y la frase “Hijo mío, te buscaré hasta encontrarte”.

Esa será la camiseta que portará este martes en la marcha global, que conmemorará los nueve años transcurridos desde la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Todos los padres y madres de los 43 llevarán camisetas idénticas.

—¿Es la parte frontal de la camiseta? —se le pregunta.

—No, es la parte trasera. En el frente, está el rostro de mi hijo… —responde la madre, luego hace una pausa y baja la mirada.

Así, los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa ya no solo llevarán los rostros de sus hijos en las pancartas que han sostenido en alto durante nueve años, sino que ahora llevarán esos mismos rostros bordados en sus prendas, realizados por las manos de las propias madres.

“Es muy doloroso”, confiesa Hilda mientras se concentra en las leyendas. La parte frontal de la playera, con los rostros, aún permanece sin bordar. “Es muy doloroso bordar el rostro de tu hijo que ya no está”, sostiene. Cada puntada que forma su imagen, puede ser una esperanza, pero también es un triste recuerdo.

Este aniversario del caso Ayotzinapa mantiene la exigencia que ha acompañado a los padres y madres por nueve años: esclarecer el caso: saber dónde están. Y en esta ocasión, los padres cuentan con una demanda muy concreta: “Que el Ejército ya no esconda información, que entregue toda la información referente al caso de Ayotzinapa”.

“No nos imaginamos llegar a nueve años sin saber de ellos”, exclama Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascensio Bautista.

Desde el pasado jueves 21 de septiembre, normalistas colocaron un plantón a las afueras del Campo Militar Número 1 de la Ciudad de México junto a los padres y madres de sus 43 compañeros desaparecidos en Iguala, Guerrero, en exigencia de que entregue la información que tiene en su poder.

“Estamos aquí en frente del Campo Militar por una sencilla razón, porque ellos tienen responsabilidad en la desaparición de los muchachos, manipularon e intervinieron con puras mentiras. No queremos mentiras, queremos verdad”, detalló el señor Mario César González, padre de César Manuel González.

Los padres y madres reconocen avances importantes y esfuerzos significativos en la búsqueda de la verdad sobre el paradero de sus hijos, una promesa realizada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la relación se ha vuelto tensa debido a su demanda de acceder a documentos de espionaje militar para entender completamente lo que ocurrió esa noche.

Vidulfo Rosales destacó en entrevista con SinEmbargo: “Llegamos a este momento difícil en términos de los avances de la investigación porque se han logrado algunos avances, hay varias hipótesis de lo que pudo haber ocurrido, sin embargo, son insuficientes. En conclusión, hoy en día no tenemos establecido qué es lo que sucedió a cabalidad, no se ha esclarecido esa parte y mucho menos el paradero. Es lo que el Gobierno nos debe”.

El caso de Ayotzinapa ha experimentado un cambio radical desde la “verdad histórica”, aquella versión impuesta por el entonces Procurador Jesús Murillo Karam y respaldada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, que afirmaba que los estudiantes fueron privados de su libertad por policías municipales y miembros del cártel Guerreros Unidos, para luego ser asesinados e incinerados en el basurero del municipio de Cocula, una versión desacreditada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Con la llegada del actual gobierno, la investigación dio un giro. Se han llevado a cabo numerosas búsquedas, se han identificado restos de dos estudiantes, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero, se han emitido órdenes de aprehensión y se ha detenido al exprocurador Jesús Murillo Karam, al exdirector antisecuestro de la Seido, Gualberto Ramírez Gutiérrez, y a un exMinisterio Público de la Seido.

Por otro lado, al menos 14 elementos del Ejército Mexicano han sido detenidos y existen órdenes de aprehensión pendientes contra otros seis militares, entre los que se encuentran dos generales, un excomandante del 27 Batallón de Infantería, uno del 41 Batallón de Infantería, un capitán, dos sargentos, un teniente, un subteniente, tres cabos y 10 soldados, además de un elemento de la Marina.

Si bien los padres y madres de los normalistas reconocen la voluntad del Presidente López Obrador para esclarecer el caso, su principal demanda aún es saber qué pasó con sus hijos, dónde están y encontrarlos. En este sentido, el tema del Ejército ha sido motivo de discordia, ya que persisten resistencias en las fuerzas militares para entregar la información faltante.

“De esos archivos depende que conozcamos la verdad”, aseguró Isidoro Vicario Aguilar, uno de los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, una organización que ha acompañado a los padres de los 43 en su incansable búsqueda de justicia y respuestas.

La exigencia de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregue toda la información surgió desde que el GIEI tuvo conocimiento de archivos clave para el caso. El grupo de expertos reveló que hubo dos operaciones de inteligencia por parte del Ejército Mexicano cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas, en la que dieron un seguimiento casi contrainsurgente a los estudiantes, operaciones en las que incluso, tenían a elementos de inteligencia infiltrados.

El 3 de abril pasado, durante la presentación del quinto informe del GIEI titulado “Una visión global sobre los hechos, las responsabilidades y la situación del caso Ayotzinapa”, los expertos exhibieron un documento elaborado por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala con datos que pueden ser determinantes en la investigación.

De acuerdo con los exintegrantes del GIEI, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, se estima que existen entre 80 y 90 documentos que se sabe existen debido a sus numeraciones, pero que no han sido entregados.

“Existen ciertos tipos de documentos, llamados CRFI, de los cuales se proporcionó una parte. No obstante, calculamos que hay alrededor de 80 o 90 documentos adicionales a los que no hemos tenido acceso y que son de suma relevancia”, expresó Beristain en abril de 2023.

“Estamos en un punto en el que se van a dar pasos para reconstruir la confianza, o estamos en un punto en el que lo que va a prescribir de nuevo es la impotencia”, expresó ayer Carlos Beristain en el Foro “A nueve años del caso Ayotzinapa, ¿Qué sigue?”, evento organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Beristain enfatizó la dificultad de explorar archivos gubernamentales, donde no se trata simplemente de ubicar documentos, sino de un arduo proceso de búsqueda y análisis para desentrañar información relevante. “No es fácil”, afirmó.

Una de las revelaciones más impactantes fue la confirmación de que se encontró más información de la esperada en los archivos gubernamentales, que se creía inaccesible. Estos hallazgos desafiaron las negaciones previas de la verdad, incluso por parte de instituciones como la Sedena.

“Las respuestas de negación de la verdad nos las hemos encontrado desgraciadamente, y eso es lo que dijimos incluso al Secretario de la Sedena”, detalló.

Beristain subrayó la existencia de documentos que contradicen las negaciones previas de la Sedena, como la inexistencia de siglas como CMI (Centro Militar de Inteligencia) y la negación de actividades como interceptaciones telefónicas y análisis. “Ahí están los documentos, ahí están las interceptaciones. Mostramos nuestra última presentación, un documento de análisis. Todo eso no está en duda”, aseveró.

El investigador argumentó que la negación de información es un ataque a la integridad psicológica de las familias, ya que priva a las víctimas y a sus seres queridos de la capacidad de procesar la desaparición forzada y el crimen atroz que representa.

“La negación de información es un ataque a la integridad psicológica de las víctimas familiares de los familiares, es una violación de la integridad psicológica, la cual, que es lo que la gente necesita para poder hacer su proceso de asimilar la desaparición forzada”, explicó.

Por su parte, Ángela Buitrago, abogada y defensora de derechos humanos, destacó la falta de judicialización en el caso pues dijo que la mayoría de las sentencias tienen que ver por delito de crimen organizado y han sido absolutorias debido a la verificación de elementos de tortura.

“Hoy no hay una sentencia condenatoria sobre los 43 desaparecidos y estamos hablando del año 2023”, dijo en el mismo foro y señaló que algunas sentencias se han centrado en delitos como porte de armas o porte de droga, pero hasta el momento no ha habido condenas relacionadas con la desaparición de los estudiantes, incluso en el año 2023.

La experta también hizo hincapié en la necesidad de que la investigación se lleve a cabo de manera oficiosa y en un plazo razonable. Mencionó que han pasado nueve años desde los eventos y la sociedad, así como los padres de los estudiantes desaparecidos, continúan sin conocer los detalles de lo sucedido.

“Son nueve años, el 26 de septiembre se cumplen 9 años sin que los padres ni la sociedad sepan qué ha pasado con la participación, la realización y el procedimiento que se levantó en torno a esta desaparición forzada, 26 y 27 de septiembre”.

Buitrago concluyó que sin una Fiscalía independiente y autónoma, no se podrá avanzar en el acceso a la justicia ni en el derecho a conocer la verdad y buscar reparación para el daño causado.

La investigación ha oscilado entre avances y retrocesos, y ese es otro aspecto que estacó Butraigo, quien señaló que inicialmente se creó una Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), un cuerpo autónomo e independiente que prometía avances significativos.

Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación después de 2019, esta autonomía e independencia se vieron socavadas, especialmente a partir de 2021 y finales de 2022, el objetivo se volvió menos claro, en especial con la salida de todos los fiscales encargados del caso.

En junio de 2023, ocho militares fueron vinculados a proceso por el delito de desaparición forzada de los 43 estudiantes desaparecidos. Sin embargo, en agosto de 2023, el coronel Rafael Hernández Nieto, quien ocupaba el segundo cargo de mayor rango entre los militares detenidos, fue liberado para enfrentar su proceso bajo prisión domiciliaria, generando controversia.

Además, entre los pendientes destaca la extradicción de Tomás Zerón de Lucio, el exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República que ayudó a construir la narrativa de la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa.