Protestan en Perú ante clasificación de transexualidad como trastorno mental

Un polémico decreto del gobierno peruano, que clasifica la transexualidad como un "trastorno mental", ha generado amplio repudio. 

La medida ha generado una fuerte oposición de grupos LGBTQ+, quienes consideran que esta normativa incentiva la discriminación y la violencia contra sus miembros. 

La protesta, organizada por colectivos de diversidad sexual, se llevó a cabo coincidiendo con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

• El decreto, emitido por el Ministerio de Salud de Perú el 10 de mayo, utiliza una antigua clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ya ha sido desactualizada. Desde 2022, la OMS dejó de considerar la transexualidad como un trastorno mental, adoptando la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), que aborda de manera más inclusiva y respetuosa las cuestiones de identidad de género.

Perú enfrenta críticas por sus políticas hacia la comunidad LGBTQ+. El país no reconoce el matrimonio ni la unión civil entre personas del mismo sexo, ni permite que las personas transgénero incluyan su identidad de género en documentos oficiales.

La situación ha sido destacada por organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW), que en un artículo reciente calificó el decreto como "sesgado y poco científico".

• "Patologizar de manera oficial a las personas LGBT puede socavar gravemente los esfuerzos por mejorar la protección de los derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género", advirtió HRW. La organización enfatizó que la medida podría tener efectos perjudiciales y perpetuar la discriminación en la sociedad peruana.

Jorge Apolaya, portavoz del Colectivo Marcha del Orgullo Lima, criticó duramente la medida: "Es un decreto que nos retrocede más de tres décadas, cuando se 'descataloguizó' la homosexualidad desde la OMS. No podemos vivir en un país donde nos consideren enfermas o enfermos".

• Por su parte, el Ministerio de Salud defendió la vigencia del decreto. Carlos Alvarado, director de Aseguramiento e Intercambio Prestacional del ministerio, afirmó que la norma se mantendrá para garantizar el acceso a más servicios de salud mental, especialmente en el sistema privado. 

"El decreto se va a mantener porque no podemos quitar el derecho de atención", dijo Alvarado.

La normativa actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), que define los beneficios mínimos a los que tienen derecho los afiliados de la salud pública, mixta o privada. 

Sin embargo, al emplear la antigua clasificación CIE-10 de la OMS, ha puesto en alerta a los grupos LGBT, quienes temen que esta clasificación pueda ser utilizada para justificar prácticas discriminatorias y terapias de conversión.

• "Ha habido una mala lectura y una interpretación errónea del decreto", aseguró Alvarado. Añadió que la transexualidad "no es un problema de salud mental y estamos de acuerdo con eso, a tal punto que hay varios documentos del ministerio que lo especifican". Sin embargo, la implementación del decreto ha provocado preocupación y rechazo.

Desde la perspectiva de los colectivos LGBT, la normativa vigente expone a sus miembros a graves riesgos. Advierten que podría legitimar las mal llamadas terapias de conversión, prácticas condenadas por diversas agencias de la ONU que las equiparan con torturas.

"No hay que olvidar que las terapias reparativas consistían en tratamientos como electroshock, baños en hielo", recordó Apolaya.