miércoles, 19 de agosto del 2020
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Niegan amparo a prestanombres de Javier Duarte

Ciudad de México | 2020-08-19 | Agencias
Niegan amparo a prestanombres de Javier Duarte
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Un Tribunal Colegiado rechazó amparar a Moisés Mansur Cysneiros, principal prestanombres del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, contra la orden de aprehensión librada en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada por 12 millones 456 mil 918 pesos.

Contra Mansur también existe una orden de captura por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mandamiento judicial contra el que también se amparó, pero dicho caso está pendiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolverá si atrae el caso, porque el quejoso reclamó la inconstitucionalidad de algunas leyes.

Ahora, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó la resolución dictada en primera instancia, donde se negó cancelar la orden de aprehensión por defraudación cometida al fisco en el ejercicio fiscal de 2014.

Mansur alegó que la entonces Procuraduría General de la República obtuvo de manera ilegal la información financiera de sus cuentas, debido que no existió una autorización judicial.

Derivado de una querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la PGR detectó que el 30 de abril de 2015, en Querétaro, donde tiene su domicilio fiscal Moisés Mansur, probablemente presentó vía internet, su declaración anual de impuestos con efectos fiscales, referente al ejercicio fiscal 2014.

En ésta consignó ingresos acumulables por la cantidad de cero pesos, cuando en realidad obtuvo un ingreso por 35 millones 903 mil 49 pesos con 30 centavos, cantidad que omitió declarar, con lo que causó un perjuicio al fisco federal, al dejar de pagar un Impuesto Sobre la Renta por 12 millones 456 mil 918 pesos.

El Tribunal Colegiado determinó que la orden de aprehensión librada por un juez del estado de Querétaro estuvo bien fundamentada, con base a los elementos aportados por la PGR.

Los magistrados federales mencionaron que también está fundada la necesidad de cautela, ya que el delito que se le imputa se castiga de tres a nueve años de prisión, cuando el monto de lo defraudado sea mayor a 2 millones 310 mil 500 pesos.

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