Feminicidio infantil, flagelo persistente en América Latina

En medio de una mayor sensibilización sobre cuestiones de género, los feminicidios siguen azotando a América Latina, impactando a adolescentes. 

Recientemente, la sociedad mexicana fue sacudida por el apuñalamiento de una estudiante de 13 años en el distrito de Iztapalapa, Ciudad de México. El caso, catalogado como un feminicidio en grado de tentativa, puso de relieve la violencia contra las niñas y adolescentes en la región.

• Aunque las leyes mexicanas consideran como feminicidio los homicidios por razones de género contra menores, es necesario revisar el marco legal que ampara a los menores de edad acusados de este delito. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los menores de 18 años deben ser considerados inimputables y recibir medidas sustitutorias, como la custodia permanente.

El problema del feminicidio infantil persiste en la región, pero la falta de datos exhaustivos dificulta su comprensión completa. 

En 2022, al menos 4,050 mujeres fueron víctimas de feminicidio en América Latina, según la CEPAL, pero la falta de uniformidad en la recopilación de datos dificulta las comparaciones entre países y la comprensión del problema.

• Basándose en ese estudio citado por el medio alemán DW, ocho países (El Salvador, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay, Guatemala, Chile y Uruguay) contabilizaron 310 mujeres víctimas de feminicidio, 13 de las cuales tenían entre 0 y 14 años. Guatemala reportó 6 víctimas en esta franja de edad, seguido de Uruguay, con 4, y Panamá con 2.

• Por otro lado, destaca la franja de 15 a 29 años, con 107 víctimas entre estos ocho países, siendo Guatemala, Paraguay, El Salvador y Chile los países con mayor número de víctimas.

En el grupo de países formado por Argentina, Colombia, Ecuador y Perú -que usan un tramo de edad distinto para medir feminicidios - 41 niñas y adolescentes de entre 0 y 18 años fueron víctimas este tipo de homicidios en 2022.

Expertos coinciden en la necesidad de abordar la prevención de la violencia de género desde una edad temprana, con políticas y programas educativos que concienticen sobre el respeto y la igualdad. 

Sin embargo, aún existen desafíos en la aplicación efectiva de medidas de justicia juvenil que garanticen la reintegración y el bienestar de los menores infractores.