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El crimen organizado en México ha encontrado en las redes sociales una herramienta clave para reclutar personas, especialmente jóvenes, en actividades delictivas. A la par, las extorsiones continúan en aumento en el país, con miles de llamadas realizadas desde penales mexicanos para engañar y amedrentar a la población.
Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2015 y 2024 la tasa promedio anual de extorsión fue de 6.3 casos por cada 100 mil habitantes, sin embargo, el 97% de estos delitos no se denuncian ni se judicializan. En este periodo, 11 estados superaron la media nacional.
Una investigación reveló que internos en penales de México y Estados Unidos han logrado acceder a teléfonos e internet, permitiéndoles realizar transmisiones en vivo desde TikTok.
Entre los perfiles identificados en EE.UU. se encuentran "El Michoacano", "Machotabasqueño" y "Tío Alejandro y sus 4 perlitas", quienes realizan en vivos desde prisión, en lugares donde, en teoría, no deberían tener acceso a tecnología.
En México, esta situación también se replica, evidenciando que las autoridades penitenciarias siguen sin tener control total sobre la comunicación de los internos.
Ante esta problemática el Gobierno de México ya trabaja en la detección y eliminación de estos perfiles y sitios digitales operados por el crimen organizado. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se encarga de identificar y dar de baja cuentas y páginas que fomenten actividades delictivas.
También señaló que se estudia la posibilidad de regular este tipo de contenido, reconociendo que se debe evitar que dicha regulación sea vista como censura.
Como parte de las medidas preventivas, el nuevo subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva, trabajará en campañas de concienciación para jóvenes en zonas vulnerables.
"Desde la Universidad de Guadalajara ya se hicieron esfuerzos para alertar a los jóvenes en Jalisco sobre este problema, y queremos replicarlo en otras partes del país"
El uso de redes sociales por parte del crimen organizado representa un desafío creciente para el gobierno mexicano. Aunque se han implementado estrategias para detectar y eliminar estos perfiles, el verdadero reto está en definir los límites de la regulación sin caer en censura.
Mientras tanto, las extorsiones y fraudes desde penales de México y Estados Unidos continúan, demostrando que la lucha contra estos delitos está lejos de terminar.