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Cuitláhuac se resiste a colaborar con INE para votación en prisión preventiva en Veracruz
*En Veracruz hay resistencias para avanzar en las gestiones para que las personas en prisión ejerzan los derechos que aún conservan*
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El gobierno de Veracruz, que encabeza Cuitláhuac García Jiménez, no permite al Instituto Nacional Electoral (INE) avanzar para garantizar que se cumplan condiciones de seguridad e infraestructura para la votación anticipada en centros penitenciarios estatales.
- Los gobiernos de Coahuila, Veracruz y Yucatán se han resistido a avanzar para que el Instituto Nacional Electoral (INE) pueda concretar el voto anticipado en prisión preventiva para la renovación de la Presidencia de la República, advirtió el instituto en un pronunciamiento.
En contraste, el instituto firmó un convenio con el gobierno federal para garantizar la seguridad en los centros penitenciarios durante el ejercicio.
El INE informó que esta semana firmó un convenio con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, para avanzar en garantizar las condiciones que se requieren para que este ejercicio se pueda realizar en los centros penitenciarios.
Por primera vez, las personas en prisión preventiva que no han sido sentenciadas y, por lo tanto, no han perdido sus derechos políticos y electorales, podrán elegir a la nueva presidenta o presidente de México, así como la renovación de los cargos locales que su legislación estatal lo permita.
TRES ESTADOS NO COLABORAN, ENTRE ELLOS VERACRUZ
Sin embargo, el INE exhibió que en Coahuila gobernador por el PRI, en Veracruz gobernado por Morena y en Yucatán del PAN, hay resistencias para avanzar en las gestiones para que las personas en prisión ejerzan los derechos que aún conservan.
“A nivel local, el INE aún realiza gestiones con los gobiernos de Coahuila, Veracruz y Yucatán, entidades donde no se ha podido concretar la colaboración para garantizar estos derechos a personas detenidas de forma preventiva en centros penitenciarios administrados por gobiernos estatales, en aquellos lugares en los que se cumplan condiciones de seguridad e infraestructura”.
Esta votación histórica se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de un grupo de personas indígenas alegaron que en 2018, habían sido aprehendidas para impedirles ejercer su voto, y la autoridad electoral no tiene mecanismos para garantizar que las personas sin sentencia puedan votar.
Desde entonces, la Sala Superior ordenó al INE programas piloto para prepararse para que en el 2024, por primera vez, se pudiera votar desde prisión preventiva por la renovación presidencial y en aquellas entidades que ya regularon esta votación también para cargos locales, pudieran hacerlo.
Por lo que el INE destacó que es indispensable que los gobiernos colaboren para que las personas puedan ejercer su derecho a votar pues esto “implica la intervención de múltiples autoridades, de ahí que debe existir una participación proactiva y coordinada para lograr que se concrete el ejercicio de este derecho”.
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