Daniela Díaz Echeverría, gerente de incidencia de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam), hizo un llamado al Gobierno de Veracruz para que solicite a la Federación los medicamentos necesarios que permitan la realización de abortos farmacológicos en 2024.
Echeverría subrayó la importancia de que las instituciones de Salud en la entidad prioricen este servicio, especialmente para mujeres y personas gestantes que lo requieran, dado que se trata de intervenciones de bajo costo y menor riesgo.
Sin embargo, destacó que la adquisición de medicamentos se lleva a cabo a través de compras consolidadas a nivel nacional.
Por lo tanto, el gobierno estatal tiene la obligación de solicitar los fármacos necesarios para el próximo año.
La gerente de Mexfam explicó que la cantidad de recursos destinados a la compra de medicamentos a través del mecanismo de compra consolidada a nivel federal depende de la decisión de la entidad federativa, en este caso, el Gobierno de Veracruz.
Esta decisión resulta fundamental en el proceso de implementación del Modelo de Aborto Seguro.
Díaz Echeverría recordó que el Aborto Seguro establece que el procedimiento de aborto debe respetar la voluntad de la persona que busca este servicio.
Además, se enfatiza la autonomía progresiva de las adolescencias tempranas, que comprenden las edades de 10 a 14 años, y la adolescencia posterior, de 14 a 18 años. También destacó que los legrados están contraindicados y deben dejar de practicarse.
“La decisión de cuánto recurso en torno a lo que las entidades federativas reciben de presupuesto público para Salud decide la entidad federativa, en este caso el Gobierno de Veracruz, cuánto de lo que recibe para 2024 le va a asignar a la compra de medicamentos a través del mecanismo de compra consolidada del nivel federal”, explicó Díaz Echeverría.
Cabe mencionar que el pasado 10 de octubre, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, participó en la firma del Acuerdo Nacional para la Federalización de los Servicios de Salud IMSS-Bienestar.
Este acuerdo busca garantizar la atención médica a 53.2 millones de mexicanos en todo el país.