Ven en Orizaba trabas en proceso para regularización de transporte

Integrantes de la Coalición de Taxistas señalaron que se siguen presentando problemas para la regularización, por lo que para muchos el proceso está frenado.

Jairo Guarneros Sosa, Joaquín Amaro Rodríguez y Antonio García Toscano, entre otros, refirieron que cuando el gobernador anunció que se reabría el reordenamiento se vio con buenos ojos, pero al intentar hacer el proceso se han topado con varios obstáculos.

“La validación tarda muchísimo, a partir de que se entregan los documentos se hace cada vez más complejo, pues por ejemplo a alguien que hace 20 años adquirió su concesión y ya no cuenta con su comprobante de pago de los derechos de esa concesión, aunque tenga con su orden de emplacamiento y todo lo demás, le están negando la entrada a ese proceso”, destacaron.

Recordaron que a finales del año pasado, de 50 trabajadores del volante que presentaron sus documentos para la condonación del empadronamiento, solo les habían respondido a un máximo de cinco.

Aunado a ello, abundaron, se suma la problemática que tienen los que desde 2016 solicitaron su orden de emplacamiento y no se les otorgó pero a cambio les dieron un permiso.

Señalaron que en la pasada administración de Miguel Ángel Yunes muchos aceptaron entrar al reordenamiento a pesar de los altos costos que implicaba, con tal de regularizarse, pero se alargó el proceso de entrega de órdenes y en este nuevo proceso se están topando con otra problemática pues les piden pagar desde 10 mil hasta 25 mil pesos, lo cual es absurdo, pues al que le piden 25 mil pesos pagó por sus derechos de concesión alrededor de 20 mil pesos.

Agregaron que hoy ven que el decreto que se emitió en este gobierno no considera todos esos casos, ya sea porque no lo tuvieron en cuenta o deliberadamente lo hicieron así para tener una mayor recaudación, lo cual se espera no sea el caso.

Ante ello, el próximo 7 de enero en Río Blanco, fecha en que generalmente llega el gobernador o al menos un representante de él, estarán ahí para demandarle que se revise el decreto y se hagan las consideraciones correspondientes, en el entendido de que no es una situación que se derive de su responsabilidad.

Resaltaron que la idea es que el decreto beneficie al sector, pero al momento no es el caso, además de que al estar en esa situación son objeto de acoso y extorsión por parte de Transporte Público y la Policía Federal.