Urgen nueva Ley Nacional de Aguas para garantizarla como Derecho Humano

El subdirector general de administración de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), José Antonio Zamora Gayosso, destacó la necesidad de construir un marco jurídico que garantice un manejo equitativo, eficiente y sustentable del agua en México.

Durante su participación en el "Foro de Discusión: Transformando el Régimen del Agua en México", Zamora Gayosso afirmó que "el agua es un derecho humano fundamental, un recurso estratégico para el desarrollo del país y una prioridad para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo". 

Explicó que el gobierno federal impulsa el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, con el propósito de dejar de concebir el agua como una mercancía y reconocerla como un derecho, lo que llevaría a la creación de una Ley Nacional de Aguas. 

• "Este acuerdo plasma la visión de garantizar las condiciones para consolidar la soberanía alimentaria del país", señaló.

El funcionario subrayó que el manejo del agua debe enfocarse en temas como el cambio climático, la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación de cuerpos de agua y la creciente demanda en todos los sectores. 

• Enfatizó que ante estos retos no es suficiente administrar el recurso, sino que es necesario transformar su gestión: "Hoy reunimos el conocimiento, la experiencia y las visiones de quienes trabajan por un México con seguridad hídrica", dijo.

Finalmente expresó su convicción de que los resultados del foro contribuirán a un nuevo modelo de gestión del agua que beneficiará a la población. "Estamos comprometidos con un diálogo inclusivo y de amplio consenso social para asegurar el derecho humano al agua sin comprometer la sustentabilidad del recurso", concluyó.

URGEN LEGISLACIÓN

La diputada federal de Morena, Elizabeth Cervantes de la Cruz, presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento del Congreso de la Unión, resaltó la urgencia de actualizar la Ley de Aguas Nacionales para garantizar el derecho humano al agua y el saneamiento en México. 

Subrayó que el Congreso tiene la responsabilidad de crear un marco que garantice la disponibilidad y el uso sostenible del agua. "El agua es un elemento fundamental de la vida. No existe desarrollo, ni progreso, ni justicia social sin agua", afirmó.

Cervantes recordó que en 2012 se reformó el artículo 4 de la Constitución para establecer el derecho al agua, pero hasta la fecha no se ha aprobado una Ley General de Aguas que materialice este mandato. 

• Destacó que la nueva legislación debe abordar temas como la disponibilidad real del agua, la revisión de los 643 acuíferos del país, la infraestructura de las 806 presas existentes, la transmisión de concesiones, la extracción ilegal del recurso y la tipificación de delitos hídricos. 
• "No es posible que las empresas estén optando por pagar multas en lugar de obedecer la ley, porque les resulta más redituable", señaló.

La legisladora enfatizó que la nueva norma debe incluir mecanismos para simplificar trámites ante la CONAGUA, mejorar la infraestructura de abastecimiento y saneamiento, y garantizar la eficiencia del sector agrícola, que consume el 76 por ciento del agua disponible. 

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Además, destacó la importancia de la participación de la sociedad civil, los tres órdenes de gobierno, la academia y el sector privado en la construcción de la legislación.

• Finamente, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, Ernesto Pérez Astorga, señaló la necesidad de una Ley General de Aguas que garantice el acceso al recurso y su uso sustentable. 
• Recordó que, como senador, promovió una reforma en la materia. "Uno de los grandes pendientes fue precisamente la de expandir una Ley General de Aguas donde adecuáramos el marco normativo a las necesidades vigentes y requerimientos de la actualidad", afirmó.

El funcionario explicó que, aunque la Constitución reconoce el derecho humano al agua desde 2012, aún no existe una legislación que lo regule de manera integral. 

• Destacó que la actual Ley de Aguas Nacionales, promulgada en 1992, mantiene un enfoque mercantilista y solo ha sufrido diez modificaciones, pocas de ellas con una visión de desarrollo sustentable.