El reciente caso en Querétaro de una menor de 14 años que fue violada y sufrió un aborto espontáneo y la cual fue acusada por homicidio por la Fiscalía de Querétaro sólo evidencia que en el país hace falta aún mucho por lograr una impartición de justicia con perspectiva de género, señaló Luz María Reyes Huerta, integrante del colectivo Marea Verde Altas Montañas.
Indicó que en Veracruz se desconoce si hay mujeres o menores que se encuentren en la misma situación o incluso estén ya purgando una condena por esa causa, pues a pesar de que en conjunto con Abortistas Mx se solicitó a la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia información sobre cuántas mujeres estaban procesadas por aborto o el delito de homicidio en grado de parentesco, ambas autoridades se negaron a proporcionar esa información.
En el caso de Querétaro, destacó que la menor de 14 años acudió a un hospital al sufrir un aborto espontáneo y la Fiscalía tomó conocimiento del caso y acusó primero aborto y luego homicidio doloso y pedía para la adolescente una pena de tres años de cárcel y el pago de medio millón de pesos para su agresor, un familiar tres años mayor, a pesar de que la familia había denunciado la violación un año antes.
Expresó que saber de ese tipo de casos indigna, pero son las situaciones a las que se enfrentan las mujeres en las fiscalías, sobre todo las de menores recursos.
"Afortunadamente, en el caso intervino el gobierno federal, pero esto no tendría que ser necesario. Esta situación se conoció porque el caso se hizo viral, pero quizá haya más mujeres que pasan por lo mismo", remarcó.
Reyes Huerta agregó que son muchas las colectivas que han exigido que pare ese vicio de las fiscalías de procesar a las mujeres por homicidio en grado de parentesco y que respete su derecho a decidir sobre la maternidad y no se les criminalice por el aborto, mucho menos en casos de violación.
La integrante de Marea Verde Altas Montañas mencionó que las colectivas actualmente están maniatadas para investigar sobre este tipo de situaciones, aunque se exhorta a las mujeres a acercarse para dar a conocer los casos y así puedan intervenir.
Agregó que la demanda también es que ya no haya funcionarios que criminalicen a las menores o mujeres que pasan por una vivencia de este tipo, pues no es posible que haya un juez o fiscal, psicólogo o más personal en Querétaro que estén disfrutando de su cargo cuando tuvieron alguna responsabilidad en la denuncia contra la menor.