Taxistas de Orizaba exigen salida del transporte Gallos y Búhos

El Ayuntamiento que encabeza el alcalde Juan Manuel Diez Francos no debe seguir prestando el servicio de Gallos y Búhos mientras no aclare la situación que prevale con estas unidades, consideró el representante de taxistas Jairo Guarneros Sosa.

Mencionó que la postura de la Dirección de Tránsito respecto al conflicto que se tiene en Orizaba con el servicio que dan esos vehículos les fue informada el domingo y eso motivó que levantaran su movilización, además de que les indicaron que se la entregaban este lunes al Ayuntamiento para que tuviera conocimiento.

"Es lo que nosotros hemos venido señalando, obviamente ahí lo manejan de manera puntual, que es el estado, de acuerdo a la Ley de Transporte, los únicos facultados, que los ayuntamientos, todas las facultades de los ayuntamientos están contempladas en el 115 constitucional y que ahí no aparece, efectivamente, que ellos puedan prestar el servicio de transporte público y también lo que señala el Código Penal y es exactamente lo que nosotros hemos estado diciendo", apuntó.

Guaneros Sosa señaló que luego de esa precisión de la autoridad, está "en la cancha de Transporte Público" esta situación y la autoridad municipal no tendría por qué seguir prestando el servicio mientras resuelve esa situación y si ellos consideran que sí pueden, que demuestren esa facultad, pero mientras tendrían que detenerse.

Comentó que le hicieron en su momento el señalamiento que los autobuses que dan el servicio los venden en las empresas de vehículos que tiene el alcalde, por lo que de ser cierto habría ahí un conflicto de intereses y esta marca de autobuses es de las más caras y ahí el ayuntamiento también tendría que informar a la población en dónde se adquirieron esas unidades y el costo de ellas.

Consideró que si a pesar de las precisiones de la Dirección de Tránsito la autoridad municipal decide continuar dando el servicio, se esperaría que se ordene la detención de esas unidades.

El representante de trabajadores del volante destacó que la intención nunca ha sido afectar a los ciudadanos, pero si ellos están obligados a observar la ley, los funcionarios públicos están doblemente obligados a hacerlos y aunque pudiera haber una buena intención al beneficiar a la población vulnerable, no se puede hacer fuera de la ley.