Religiosos ganan suspensión definitiva al desalojo de Icinemas en Orizaba

Pastores de Orizaba informaron que el Juzgado 16 de Distrito les concedió la suspensión provisional de manera definitiva a la acción de desalojo promovida por el ayuntamiento en el caso del inmueble de iCinemas, por lo que solicitaron al alcalde Juan Manuel Diez Francos, la síndica Michelle Fragoso, el tesorero Javier López y la titular jurídica, América Argumedo, devolver el edificio.

Asimismo, señalaron que saben que el amparo promovido por el propietario del inmueble, René Ruiz Márquez, también fue admitido, y aunque el ayuntamiento posee ya una escritura no es el dueño como tal del inmueble, además de que presume podría haber incurrido en el delito de tráfico de influencias.

Adrián García, pastor y abogado; Carlos Hernández, promotor del amparo, y Ángel Aburto Valencia, presidente de la Iglesia de la Ciudad, señalaron esto representa que ganan en primera instancia este amparo, aunque no es la resolución definitiva ya que falta una audiencia que se llevará a cabo el primero de junio, “pero es un gran paso”, pues todas las pruebas que ha entregado el ayuntamiento han sido desechadas por la autoridad judicial.

Comentaron que desde el 6 de abril que se otorgó la suspensión el ayuntamiento debió haber entregado el inmueble, pero como no se había promovido que se apercibiera el incumplimiento no se había hecho vista al Poder Judicial para que se presenten a informar sobre el por qué no han cumplido.

Agregaron que el juzgador dará un plazo al ayuntamiento para entregar el edificio, y de insistir en no hacerlo caería en desacato, además de que se aplicaría una multa de al menos 10 mil pesos.

Los pastores mencionaron que ante el mismo juzgado 6 de Córdoba acudió el propietario del inmueble para promover un amparo contra la adjudicación del inmueble, y si bien el ayuntamiento presentó una escritura, el amparo le fue otorgado al dueño por una mala notificación.

“Hasta ahorita, igual que nosotros, han ganado la suspensión provisional, por lo que a pesar de tener la escritura, no es el legítimo propietario”, puntualizaron.

Extrañamente, agregaron, la escritura e inscripción de la misma ante el Registro Público de la Propiedad se hicieron en un tiempo récord, pues en un solo día lo hicieron.

Detallaron que la escritura fue otorgada el 10 de marzo del 2022, un día antes del desalojo, y el 11 de marzo el Registro Público de la Propiedad había otorgado la inscripción de la escritura como tal, cuando a ciudadanos que acuden a realizar ese trámite les tardan hasta meses.

Agregaron que aunque el dueño tiene la última palabra se espera que promueva la nulidad de la escritura que tiene el ayuntamiento.

Consideraron que en todo este proceso está visto que el ayuntamiento ha actuado de manera ilegal y dolosa para quedarse con ese edificio.