Proponen 15 años de cárcel por matrimonios infantiles forzados en Veracruz

Veracruz se ubica entre las entidades con mayor incidencia de matrimonios infantiles en México, por lo que la diputada Illya Dolores Escobar Martínez (Morena) presentó una iniciativa para castigar los matrimonios forzados con penas de hasta 15 años de prisión, sin importar usos y costumbres.

De acuerdo con el censo del Inegi 2020, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas son los estados con mayor número de matrimonios infantiles.

En 2018, casi la mitad de la niñez y adolescencia en México vivía en pobreza y Veracruz ocupó el cuarto lugar nacional en porcentaje de menores de edad en esta condición (alrededor de 1.7 millones).

Además, la entidad concentra la tercera población indígena más grande del país (1.1 millones de personas), principalmente en 47 municipios con alto índice de pobreza extrema, por ello la diputada resaltó la importancia de castigar prácticas que atentan contra el libre desarrollo de la niñez.

En su iniciativa, Escobar Martínez indicó que los estados con mayor incidencia de matrimonio forzado también encabezan el rezago educativo a nivel nacional.

“Uno de los principales problemas que desencadena el matrimonio forzado es la pobreza (...) En un segundo plano, encontramos las dificultades para acceder a educación de calidad y completa (...)", dijo la legisladora del partido guinda.

MATRIMONIO FORZADO

La propuesta legislativa de Escobar Martínez busca imponer penas más severas para quienes perpetúen el matrimonio forzado, independientemente de los argumentos de "usos y costumbres", con penas de hasta 15 años de prisión, así como multas.

La iniciativa también contempla sanciones para aquellos que asistan, inciten o sean testigos de la comisión del delito, así como para quienes abusen de la situación de vulnerabilidad de la víctima para obtener su consentimiento.

¿QUIÉNES COMETEN ESTE DELITO?

• Quienes obliguen a un menor a casarse mediante fuerza física, engaño, privación de libertad o amenazas.
• Quienes abusen de la necesidad o vulnerabilidad de la víctima y entreguen pagos o beneficios para obtener su consentimiento.
• Quienes, ejerciendo la patria potestad, guarda y custodia, tutela, adopción o curatela, obliguen al menor a casarse sin su consentimiento.
• Quienes, en las mismas condiciones, soliciten dinero o bienes para influir en el menor y convencerlo de casarse.