Piden comparecencia de Jorge Eduardo Sisniega por irregularidades en Sesver

En el Congreso del Estado, diputados de la oposición plantearon la comparecencia de dos funcionarios de alto rango en el ámbito de la salud en Veracruz.

Durante la sesión extraordinaria en el Recinto Oficial de Sesiones, se propuso citar al director Administrativo de Servicios de Salud de Veracruz, Jorge Eduardo Sisniega Fernández, y a la titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz, Enma Patricia García Rodríguez.

Los legisladores de la oposición señalaron irregularidades en la asignación de contratos durante la actual administración de Cuitláhuac García Jiménez.

Específicamente, destacaron el papel de Jorge Eduardo Sisniega Fernández, quien ha ocupado el cargo de director administrativo durante los periodos de los dos últimos titulares de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz.

El diputado del PRI, Marlon Ramírez Marín, expresó preocupación por la creciente cantidad de irregularidades administrativas en la dependencia de salud. A pesar de no conocer personalmente a Guadalupe Díaz del Castillo Flores, quien fue o designada como Secretaria de Salud y Directora de Salud, cuestionó si continuará la misma línea de trabajo que sus predecesores.

Ramírez Marín resaltó que se han asignado contratos a empresarios cuya identidad es desconocida, así como a beneficiarios de programas públicos.

En particular, mencionó que se entregaron contratos por un total de 60 millones de pesos a una empleada de la Secretaría de Educación de Veracruz de nombre Araly Rodríguez. Además, durante la pandemia, se asignaron alrededor de mil 500 millones de pesos de manera que, desde su punto de vista, “levantan sospechas”.

IRREGULARIDADES

El legislador del PRI también señaló la creación de 50 empresas desde 2019, a las cuales se les otorgaron 160 contratos entre 2019 y 2022, por un monto total de mil 87 millones de pesos, siendo 94 de estos contratos adjudicados de manera directa. Adicionalmente, 190 personas físicas con actividades empresariales recibieron contratos por 506 millones de pesos, de las cuales 44 son beneficiarias de programas sociales.

Marlon Ramírez Marín hizo hincapié en el caso de Bety Torres Hernández, que recibió un contrato de un millón 92 mil pesos a pesar de tener un salario de 14 mil pesos en la Secretaría de Salud. También mencionó a Misael Carmona Medina, un beneficiario de un programa social de 24 años que recibió contratos por 22.9 millones de pesos.

El diputado del PRI enfatizó la necesidad de la Legislatura de auditar los otros poderes del Estado y revisar el gasto público. Además, se refirió a la empresa Dicipa S.A. de C.V, que había sido determinada como inelegible en el Diario Oficial de la Federación debido a incumplimientos, pero que, sorprendentemente, obtuvo contratos en la Secretaría de Salud.

Por su parte, el diputado del PAN, Miguel Hermida Copado, denunció el subejercicio y la reducción de la inversión pública, estimando que había 10 mil millones de pesos sin gastar en el segundo semestre, en su mayoría en la Secretaría de Salud.

Según Hermida Copado, la Secretaría de Salud debería haber invertido mil 496 millones de pesos, pero solo ha gastado 139 millones de pesos. Esto representa un subejercicio del 90 por ciento en la dependencia.