Piden a gobierno federal resolver situación de ex policías de Poza Rica

Ex elementos de la Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla (PIPTC) solicitaron la intervención del gobierno federal para presionar a las autoridades estatales con el objetivo de que resuelvan y emitan una resolución sobre las demandas laborales por los presuntos despidos injustificados ocurridos hace más de cinco años.

El representante jurídico de un grupo de 135 ex policías, Adder Óscar Juárez Téllez, pidió que la Fiscalía General del Estado (FGE) acelere el momento procesal en el que actualmente se encuentran y con ello se emita un dictamen sobre el caso de los despidos.

El representante de los ex intermunicipales consideró que la administración estatal debe agilizar los trámites en la extinta PIPTC, única corporación policiaca a la que no pagaron sus respectivas indemnizaciones tras ser dados de baja en el año 2015.

Lamentó que durante estos años han fallecido varios de sus compañeros, y más del 70 por ciento padecen enfermedades crónico degenerativas, están desempleados y no cuentan con servicios médicos.

“Lo que yo vi es que ya ganamos el juicio porque al tener el cheque original de Banorte, al tener la póliza, y ellos allá en Xalapa con las pruebas periciales, las firmas y todo, yo considero que ya ganamos, pero eso lo va a decir la Fiscalía”, expuso.

Actualmente la FGE determinó que cada persona agraviada deberá ratificar sus denuncias y pruebas para continuar con el proceso; sin embargo, para los ex policías, sería idóneo que estos procedimientos los realizaran de forma grupal, cumpliendo con las normas sanitarias para evitar contagios de COVID-19.

Juárez Téllez recordó que en meses pasados, en la ciudad de Xalapa recabaron las pruebas periciales y se desahogaron con la SSP y el banco Banorte, el cual mantiene en resguardo el cheque original.

Anteriormente, cuando era una denuncia colectiva del grupo, desde Poza Rica les realizaron todas las pruebas caligráficas y recolección de información sobre los procesos por despidos injustificados cometidos por la administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa. 

Ante esta situación, Adder Óscar Juárez afirmó que solicitó la intervención de la Secretaría de Gobernación, quienes respondieron que no era de su competencia; sin embargo, el oficio fue remitido a la FGE y al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.