PAN en Orizaba condenan presunta persecución política contra Yunes Márquez

El Comité Directivo Municipal del PAN en Orizaba condenó la persecución política que hay en contra del senador electo Miguel Ángel Yunes Márquez, situación que además no es novedosa, pues tanto el gobierno estatal como el federal se han dedicado a hostigar a sus adversarios, sostuvo José Martín Arroyo Rosas, presidente de este partido.

"Sin lugar a dudas este partido en el poder no sólo se ha distinguido por el uso indiscriminado de programas sociales con fines electorales, ahora la justicia se usa como un instrumento de rechanchismo político", apuntó.

Arroyo Rosas indicó que lo que está ocurriendo con el mencionado senador electo es muestra de la descomposición democrática que hay en el país y si esto sucede con alguien que tiene esa representación, qué no pasará con un ciudadano común y corriente.

Señaló que las autoridades estatales y federales han encarcelado a políticos del PRD, de Movimiento Ciudadano y ahora del PAN, pero por lo que se refiere a los funcionarios de la 4T que han sido señalados de corrupción, ahí sí hacen mutis tanto la Fiscalía como el Poder Judicial.

Recordó que un alcalde de la zona fue detenido con armas pero su caso fue tratado con total impunidad y regresó a gobernar a su municipio, pero también hay otras autoridades que han sido señaladas de abusos y de igual forma no ha pasado nada.

"La oposición exige que el gobierno, en cualquiera de sus tres niveles, respete los derechos humanos y el debido proceso, independientemente de que se trate de un político o un ciudadano, tanto en el ámbito penal o en infracciones de tránsito", expuso.

El presidente del PAN en Orizaba remarcó que el poder no debe ejercerse para encarcelar adversarios o como medida de presión.

Confió en que Miguel Ángel Yunes Linares acuda a las instancias federales y obtenga la protección contra la arbitrariedad a la que se ve sometido.

• Agregó también que este caso hace ver la importancia de la independencia del Poder Judicial de la Federación para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas frente a los actos de autoridad irregulares.