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Ante la impostergabilidad de cuidar el entorno, el diputado Antonio Luna Rosales, presidente de la Comisión Especial de la Agenda 20/30, reconoció que la demanda de los ambientalistas para que las cosas no queden en el cartel en vez de llegar a acciones concretas es justa, por lo que desde esta comisión se da seguimiento a varios puntos que permitan mitigar la contaminación en el estado.
“Hay una problemática por el deterioro del planeta y las actividades y las acciones que los gobiernos han estado llevando a cabo para detener y mitigar ese deterioro han sido importantes más no son suficientes”, sostuvo.
Recordó que México firmó un convenio con la ONU para llevar a cabo la Agenda 20/30, que contiene 17 objetivos de desarrollo que se están implementando a nivel federal, mientras que a nivel estatal se han tenido pláticas de colaboración con el programa de gobierno del estado que lleva el Consejo Veracruzano de la Agenda 20/30.
Aunado a ello, añadió, como Comisión Especial del Congreso llevan a cabo pláticas y próximamente eventos para que esta Agenda se aplique en los municipios, aunque al momento están detenidos por la veda electoral.
Consideró importante que esos objetivos se bajen a nivel municipal para que se apliquen los principales objetivos de desarrollo y tengan indicadores de seguimiento, es decir que temas del ambiente desde conductas en lo particular y en lo colectivo, es decir, empresas, organizaciones e instituciones, lleven a cabo medidas para prevenir la contaminación.
Agregó que dentro de la misma Comisión se da seguimiento a un objetivo que es el concretar proyectos de desarrollo económico en las regiones y que cada uno de estos programas sean supervisados por las autoridades municipales.
Destacó que el problema ambiental es muy complejo y tiene que ver con deforestación, con la falta de agua, pero no sólo es mostrar un cartel y manifestarse, sino verificar que los objetivos se lleven a cabo.
Agregó que los tres niveles de gobierno se pueden acompañar para dar seguimiento a esto y en donde no se tenga el marco jurídico para poder sancionar a quienes están infringiendo las normas internacionales, se tengan y se pueda proceder en contra de ellos.