El diputado local Héctor Yunes Landa, del PRI, señaló posibles indicios de encubrimiento e impunidad en casos relacionados con contratos inflados en el Congreso local, cuestionando la falta de acciones claras para recuperar los recursos presuntamente desviados.
"Esto da una mala impresión, un tufito de encubrimiento y de impunidad. De ser así, el mensaje sería que el estar en el poder significa que nadie estará obligado a devolver el dinero desviado, ni las empresas ni los funcionarios que lo sustrajeron", afirmó Yunes en entrevista.
El legislador hizo referencia a una reunión reciente entre Juan Javier Gómez Cazarín, excoordinador de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y el actual coordinador, Esteban Bautista, ambos de Morena.
En dicho encuentro, se discutió la reparación del daño relacionado con sobreprecios en un contrato otorgado a la empresa Publicontenidos Kapitel S.A. de C.V. para la instalación de tablets en el Recinto Oficial de Sesiones.
De acuerdo con Yunes Landa, la reunión entre los coordinadores ha generado suspicacias sobre posibles acuerdos para evitar sanciones a los responsables.
"La empresa, tal como lo planteó, debería reparar ese daño o cubrir ese sobreprecio ya detectado. Sin embargo, lo que parece surgir es un pacto para evitar consecuencias mayores. Eso no lo podemos aceptar", declaró.
El priísta también señaló la falta de acciones concretas contra funcionarios y empresas involucrados, subrayando la necesidad de priorizar la recuperación de recursos públicos.
"Devolver el dinero debería ser obligatorio no solo para las empresas, sino también para los funcionarios involucrados. La falta de sanciones es un mensaje preocupante", comentó el diputado.
Finalmente, Yunes advirtió que la ausencia de sanciones claras en casos de corrupción daña la confianza de los ciudadanos en las instituciones y perpetúa un sistema en el que los responsables de irregularidades quedan sin castigo.
El legislador insistió en que se deben establecer medidas firmes para garantizar la reparación del daño y enviar un mensaje claro de cero tolerancia a la corrupción en el Congreso local.