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Estado

Gobernador de Veracruz propone cobrar por constancias de no inhabilitación

Cuitláhuac García plantea cambios al Código de Derechos para el Estado de Veracruz

Xalapa | 2023-09-28 | Jesús Ruíz
Gobernador de Veracruz propone cobrar por constancias de no inhabilitación
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El gobernador Cuitláhuac García Jiménez propuso una iniciativa con proyecto de Decreto ante el Congreso del Estado para llevar a cabo una serie de reformas, adiciones y derogaciones en el Código de Derechos para el Estado.

Estas reformas abarcan diversos aspectos, entre ellos el pago que permitirá a los servidores públicos obtener una constancia de no inhabilitación, garantizando así su idoneidad para ocupar sus respectivos cargos.

¿QUÉ PLANTEA EL GOBERNADOR?

Dentro de esta iniciativa se destaca la propuesta de establecer un costo asociado a la expedición de cada constancia de no inhabilitación y registro de sanción, que será administrado por la Contraloría General del Estado.

Este costo se fija en 1.2152 Unidades de Medida y Actualización (UMA). El Gobernador argumenta que esta medida busca fortalecer la prestación de servicios públicos en beneficio del interés general, enfocándose en áreas críticas como la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización.

En su propuesta, García Jiménez también contempla reformas al artículo 13, primer párrafo, del Apartado A) del Código de Derechos, que rige los servicios proporcionados por la Secretaría de Gobierno. Estas reformas tendrían un impacto directo en la recaudación del impuesto predial, ya que permitirían una descripción más precisa y valoración de las propiedades rústicas y urbanas.

El artículo 19 también está sujeto a modificaciones, con el objetivo de fortalecer las capacidades de la Secretaría de Medio Ambiente en la gestión de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial, incluyendo la administración de rellenos sanitarios, centros de transferencia, plantas de compostaje y lombricomposta. Estas reformas se alinean con la Ley Estatal de Protección Ambiental y los Programas de Ordenamiento Ecológico.

En el ámbito agropecuario, la iniciativa propone generar derechos en materia de sanidad animal, que abarcan el diagnóstico, control y erradicación de enfermedades y plagas que afectan a los animales, con el objetivo de promover el bienestar animal y regular las buenas prácticas pecuarias.

Además, se establece que la Prestación de Servicios de Laboratorios Pecuarios y Permisos de Internación de Colmenas se realizará mediante unidades móviles de laboratorio en puntos estratégicos del Estado, en conformidad con la Ley Ganadera y Ley Apícola.

En el ámbito educativo, se proponen reformas en el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV), que afectarán el valor de la UMA en varias de sus fracciones. Estas reformas tienen como objetivo apoyar a la comunidad estudiantil y motivar a los estudiantes a continuar sus estudios y buscar oportunidades en la educación superior.

Adicionalmente, los artículos 25 y 30, que definen los servicios prestados por el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado y el Instituto Veracruzano de la Cultura, respectivamente, se reforman para incluir únicamente los derechos que actualmente se están prestando por estos organismos descentralizados.

Además, se incluyen importantes modificaciones relacionadas con el Instituto de Policía Auxiliar y Protección Patrimonial. Estas reformas están dirigidas a mejorar y ajustar los servicios de seguridad que brinda el instituto a empresas e instituciones establecidas en el estado, e incluso a aquellas cuyo destino final sea Veracruz. Algunos de los cambios implican un incremento en el costo de ciertos servicios.

Por último, la estructura organizacional del Instituto Veracruzano de la Vivienda se verá modificada para poder atender de manera prioritaria las necesidades de vivienda de los sectores de la población en situación de marginación y vulnerabilidad.

Esto incluirá servicios relacionados con la construcción, autoconstrucción y mejoramiento del parque de vivienda, así como el apoyo financiero con créditos en materia de vivienda de interés social y popular. El artículo 31 del Código de Derechos sufrirá modificaciones en conceptos y montos para adecuarse a estas actividades.

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