La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió otro revés para el Congreso de Veracruz, al determinar que fue inconstitucional la intervención de la Tesorería del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, que actualmente está bajo la administración de María Elena Solana Calzada.
El Ayuntamiento presentó una controversia constitucional contra la decisión del Congreso Estatal de intervenir en la Tesorería municipal durante un periodo de hasta dos años.
El proceso legal, identificado como el 248/2022, fue impulsado por la representación jurídica de San Andrés Tuxtla, argumentando que la determinación de la Legislatura, aprobada por el pleno a finales 2022, era ilegal e inconstitucional.
La controversia se centró en gran medida en el acuerdo de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, encabezada por Rafael Fararoni Magaña.
Fararoni Magaña explicó que la intervención se basaba en la calidad de las obras realizadas en 2021, que no habían sido incluidas en las observaciones de las Cuentas Públicas. En respuesta, se ordenó llevar a cabo una revisión exhaustiva que abarcaría tanto aspectos financieros como técnicos del ejercicio de los recursos asignados al ayuntamiento durante el año 2022, incluyendo documentos contables, administrativos, técnicos y legales relacionados.
El ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, en desacuerdo con la decisión del Congreso Estatal, presentó la controversia 248/2022 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Primera Sala de la SCJN emitió su resolución el 30 de agosto.