FGE-Veracruz no está capacitada para reabrir caso Ernestina Ascencio, advierten

Organizaciones no gubernamentales aplaudieron la declaración del subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, en el sentido de que la postura adoptada ante la CIDH por el caso Ernestina Ascencio no representa la del Estado mexicano, aunque no están de acuerdo en los términos que se anunciaron este jueves.

 “La Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, Kalli Luz Marina, Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara y Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos AC, organizaciones peticionarias en el caso ante la CIDH, reconocemos la importancia de la reconsideración del Estado mexicano en torno al caso de la Señora Ernestina Ascencio, pero no en los términos en que lo ha hecho”, expusieron.

Las ONG´s destacaron que para empezar, la Fiscalía General de Justicia de Veracruz no está calificada para reabrir la investigación porque es una de las presuntas responsables de las violaciones denunciadas ante la CIDH.

En su momento, recordaron, esa instancia no llevó a cabo una investigación imparcial, seria, profesional y efectiva.

Resaltaron que este caso debe considerar algunos aspectos para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la no repetición, tanto para la propia Ernestina Ascencio, como para las mujeres indígenas de México, como es el tomar en cuenta las diferentes violaciones de derechos humanos que se encuentran bajo examen ante la propia CIDH y se atiendan las causas y contextos estructurales que las originaron, como la discriminación y violencia contra las mujeres indígenas, agravadas por el contexto de militarización de sus territorios.

Indicaron que de acuerdo con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, la postura ante la CIDH no representa la posición del Estado Mexicano, por lo que piden entonces se aclare lo ocurrido y, de ser el  caso, se apliquen las medidas correctivas o se sancione a quien corresponda.

“Por todo lo anterior, exigimos una investigación independiente con cargo al Estado, tendiente a conocer la verdad de lo ocurrido, que identifique a los responsables e imponga las sanciones correspondientes, además de garantizar que no se generen nuevas afectaciones a su familia y a su comunidad”, remarcaron.