Propietarios de Centros de Verificación Vehicular y verificentros de distintos municipios de la entidad acusan que empleados de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) les están exigiendo 700 mil pesos para no retirarles la concesión que les permite operar.
Según informaron, la dependencia ya ha cerrado varios establecimientos de forma irregular.
Los afectados, que piden anonimato para evitar represalias, afirmaron que la Sedema comenzó a exigirles reportes de cientos de verificaciones realizadas en años anteriores.
"Nos piden la evidencia de las pruebas de verificación en foto o video. Además, nos dan un plazo mínimo para responder, cuando al ser servicios de años anteriores es difícil o casi imposible tener el respaldo de las fotos y videos, pues ya pasó tiempo", señalaron.
Los dueños de los centros de verificación sostienen que han intentado cumplir con los requerimientos, pero en muchos casos no es posible porque los videos o imágenes solicitados ya no están almacenados.
"Las grabaciones se van renovando. Algunas se guardan por espacios de hasta dos meses y se borran. Nosotros cumplimos con los requisitos que exige el Programa de Verificación Vehicular Obligatorio Ambiental, pero ahora nos exigen nuevos requisitos, de mucho tiempo atrás, que ya deberían de estar en la base de las solicitudes de los reportes", explicaron.
Los concesionarios señalaron que la Ley Estatal de Protección Ambiental estipula que la Sedema no puede aceptar reportes quincenales incompletos.
Esto resulta contradictorio con la nueva exigencia de información detallada de años anteriores, que ya había sido avalada previamente.
"La dependencia siempre recibió dichos reportes sin problemas, pero a partir de marzo comenzaron a requerir información de este 2024 y de ejercicios anteriores", agregaron.
Según los concesionarios, expertos han emitido opiniones técnicas que detallan la dificultad de recuperar videos en memorias o equipos debido a limitaciones de almacenamiento.
"Nos siguen poniendo requerimientos por parte de la Sedema y nos amagan con que nos iniciarán el proceso de revocación de la concesión, aunque nos dan la opción de pagar 700 mil pesos para que no siga habiendo problemas", denunciaron.
Ante esta situación, los propietarios han decidido hacer pública esta situación. Desconocen si estas exigencias provienen de decisiones arbitrarias de algunos empleados de la Sedema o de órdenes superiores. Actualmente, enfrentan el riesgo de quiebra o cierre de sus establecimientos debido a estas demandas.
“Estamos al borde del proceso de revocación de la concesión. Hay casos en varios municipios del Estado, en donde los concesionarios comienzan a ser hostigados por supuestos incumplimientos de requerimientos que ya se cumplieron conforme a la Ley, al punto que los documentos entregados no habían tenido ningún problema", criticaron.
Los concesionarios insistieron en que las exigencias de la Sedema afectan a propietarios de todo el estado. En algunos casos, las actividades ya han sido suspendidas bajo el argumento de que la documentación entregada hace meses estaba incorrecta.
"Quien ha ordenado los cierres, la directora de control de la contaminación, Adriana Reyes Toledo, no tiene facultades para ordenar suspensiones en las actividades de Centros de Verificación Vehicular y Verificentros, lo que ha ocasionado pérdidas económicas fuertes para quienes tenían el permiso", concluyeron.