El gobierno de Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García Jiménez, emitió un decreto que marca la disolución formal de la Dirección General de la Fuerza Civil, en medio de controversias y acusaciones.
La medida se produce después de un incidente en junio pasado en el que elementos de la Fuerza Civil fueron implicados en la muerte de dos personas que protestaban en contra de la empresa Granjas Carroll, en la comunidad de Totalco, municipio de Perote.
Aunque algunos señalan al gobernador Cuitláhuac García como responsable de ordenar el operativo en Totalco, la decisión de disolver esta unidad de seguridad ha sido presentada como parte de una reforma más amplia a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Las nuevas responsabilidades de la Subsecretaría de Operaciones incluyen, entre otras, la creación y modificación de grupos especiales de seguridad en función de la incidencia delictiva y la supervisión de áreas naturales protegidas y carreteras estatales.
Además, se pondrá un énfasis particular en la implementación de acciones de inspección, vigilancia y prevención del delito, con el fin de incrementar la eficacia en la lucha contra el crimen.
En un plazo de 180 días naturales, todo el personal operativo de la extinta Fuerza Civil será sometido a evaluaciones de control y confianza, así como a capacitaciones en derechos humanos y control de multitudes.
La reforma también establece que todos los recursos materiales, financieros y archivos que pertenecían a la Fuerza Civil serán transferidos a la Subsecretaría de Operaciones. Asimismo, todos los manuales, reglamentos y protocolos que mencionaban a la Fuerza Civil serán actualizados para reflejar la nueva estructura organizativa.