Deploran política recaudatoria de gobierno de Orizaba

La política recaudatoria del gobierno municipal atenta no sólo contra la economía de las familias, sino contra sus derechos humanos, por lo que es necesario que la próxima administración haga cambios en el Código Hacendario, consideró un grupo de ciudadanos.

Canek Arenzano, Miguel Ángel Rodríguez, Eduardo Zárate y Enrique Alcántara Zgaip, entre otros, señalaron que si bien se ha visto que los cargos públicos son usados por algunos para enriquecerse, lo que se vive en los últimos 12 años en Orizaba rebasa todo lo posible, pues la administración pública ha sido convertida en un negocio que va en contra de los intereses de sus habitantes.

“El desarrollo económico de Orizaba, se ha reducido al desarrollo económico de unas cuantas familias, que sin pudor alguno se han apropiado de los espacios de decisión gubernamental. Este modelo municipal de desarrollo que privilegia a unos cuantos, lo podemos identificar, con algunas acciones que son a todas luces actos indiscutibles de corrupción perpetrados por cuellos blancos”, acotaron.

Citaron como ejemplo el comodato de las instalaciones del recinto ferial de Expori, los contratos a favor de amigos en Mier y Pesado, el traslado de recursos públicos a manos privadas por concepto de las gasolinas empleadas del parque vehicular del ayuntamiento, entre otras acciones, que consideraron representan un uso discrecional y faccioso de los bienes públicos a favor de un grupo.

Agregaron que por el contrario, para la población, lo único que hay es la afectación a sus bolsillos, ya que emprendedores y ciudadanos son objeto de un aumento de los pagos por los derechos y servicios municipales.

Consideraron que en esta ciudad no es posible ya ni autoemplearse para vender antojitos, porque ese puestito se tasa por igual que una franquicia, lo que ha hecho desaparecer a pequeños negocios familiares.

Agregaron que las familias orizabeñas ya no pueden ni pensar en construir, pues los costos de los permisos  de construcción para abrir una puerta o poner una ventana superan lo razonable y hay personas a las que les han pedido un pago de 50 mil pesos para edificar un cuarto de 4 por 4 metros.

Es por ello, destacaron, que se ve una política  recaudatoria “de terror” que pisotea no sólo la economía de las familias, sino los derechos humanos, pues si en una casa se detectan dos accesos, se les comienza a cobrar doble por ser “dos familias”, a pesar de que se les demuestre que sólo es una.

Ante ello, señalaron como necesario que la próxima administración municipal eche abajo el Código Hacendario vigente y dé paso a uno que tome en cuenta los derechos de la mayoría de la población.