La síndica de Río Blanco, Janett del Valle Lara, denunció ser objeto de violencia política en razón de género por parte del alcalde Ricardo Pérez García, por lo que interpondrá una denuncia esta semana, la que se sumará a una que tiene ya por falsificación de firmas en documentación oficial del ayuntamiento.
La edil indicó que de manera constante se le señala de no llevar a cabo su labor y la más reciente fue en días pasados, cuando el presidente municipal indicó que no se ha podido conformar la policía municipal por falta de trabajo de ella, pero además le han echado la culpa por laudos perdidos, cuando la razón de que no haya llevado a cabo esta representación a cabalidad es que se despidió al asesor jurídico que tenía y le pusieron a otro que no trabaja y nunca la acompaña a las audiencias o cuando llega a ir no le da apoyo técnico jurídico.
“Quiero manifestar que esas declaraciones son graves señalamientos y generadoras de descrédito social en mi desempeño como servidora pública, ya que además de sus declaraciones vertidas en los medios, existen muchos hechos de discriminación y violencia en razón de género, cometidos por él y por sus colaboradores más cercanos, con los que pretenden impedir el desarrollo de mi debida función”, apuntó.
Del Valle Lara detalló que en sesión ordinaria de Cabildo del 19 de agosto del 2022 se aprobó la creación de la policía municipal y se le encomendó que se hiciera cargo de las gestiones para su creación, por lo que con su equipo de trabajo inició los trámites buscando la asesoría con las autoridades correspondientes y tras recibir la información comenzó a elaborar el plan de trabajo, que tardó dos meses en integrar.
Comentó que el 11 de noviembre del 2022 presentó el plan de trabajo al alcalde con atención al regidor encargado de la Comisión de Policía y Prevención del Delito, Porfirio González Fuentes, y todas las áreas involucradas, de lo cual cuanta con las copias firmadas y selladas de recibido.
Conforme a ese plan, apuntó, en noviembre pasado se iniciaría con el reclutamiento del personal y para agosto de este año ya tendrían que estar capacitados los elementos y contratada la persona que tomaría cargo como director, pero tanto el regidor de la comisión de policía, Porfirio González Fuentes, como el primero, Conrado Román Yrigoyen, y el alcalde, desestimaron aprobar la propuesta pues dijeron que “no era necesario”, a pesar de que debe haber una persona con las atribuciones para encargarse de la corporación en el aspecto operativa.
Señaló que a pesar de que el proyecto está avalado ya por el área correspondiente de la SSP, no ha avanzado porque tampoco las áreas involucradas del ayuntamiento han hecho nada, pues la adaptación del área correspondiente está a cargo de Obras Públicas, la publicación de la convocatoria a cargo del departamento de Comunicación Social, la recepción de la documentación de las y los aspirantes corresponde a Recursos Humanos, mientras que los gastos de exámenes y becas mientras están en proceso de formación deben ser autorizados por Tesorería.
Expuso que en lo que toca a la parte administrativa que le corresponde a ella, todo está hecho, por lo que si ese proyecto no ha avanzado es porque el resto de los que deben actuar, no lo han hecho.
La síndica puntualizó que cualquier agresión que ocurra contra ella, sus familiares o patrimonio, responsabiliza al alcalde Ricardo Pérez García y sus colaboradores más cercanos, ya que la han amedrentado, le niegan entrega de información, como es la relación de los bienes muebles del ayuntamiento.
“Ya basta de la violencia que ejercen en mi contra el alcalde, el coordinador jurídico y sus asesores jurídicos integrantes de la Contraloría Interna municipal, es por eso que públicamente pido me dejen trabajar en un ambiente libre de violencia”, remarcó.