"Comerciante de San Andres Tuxtla, falleció por problemas de salud, no por agresión policial": Alcaldesa

Si bien nueve exagentes de la policía municipal de San Andrés Tuxtla fueron detenidos y vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso calificado, tras un altercado que resultó en la muerte de Jorge Luis Zapata Páez, la causa del fallecimiento podría estar relacionada con complicaciones de salud preexistentes del comerciante, más que con las acciones de los oficiales detenidos.

Lo anterior de acuerdo con la alcaldesa María Elena Solana Calzada, al ser cuestionada por los hechos ocurridos el pasado 18 de junio durante una protesta de locatarios del Mercado 5 de Febrero, quienes se oponían a una obra de remodelación impulsada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 

Hay que recordar que en dicha fecha algunos pobladores protestaron en el Palacio Municipal, lo que obligó a la alcaldesa a retirarse del lugar vestida con uniforme policial para tratar de evitar agresiones de los ciudadanos inconformes después de que se confirmó la muerte de Jorge Luis Zapata Páez.

De acuerdo con reportes el comerciante fue detenido y trasladado a la comandancia. La alcaldesa señalo que dicha persona no habría recibido agresiones en su traslado, sino que su muerte se pudo deber a complicaciones de enfermedades crónico-degenerativas que padecía, como hipertensión y diabetes, de ahí que al sentirse mal fue llevado a un hospital en donde finalmente falleció.

“No fue agredido, quiero decirles que no fue agredido. El señor padecía hipertensión y era diabético, no tomó sus medicinas y murió de un infarto al miocardio (…). Lo iban a trasladar y falleció en el hospital con vida”, declaró Solana Calzada.

Pese a esto, el juez que lleva el caso ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año para los nueve exagentes involucrados, identificados como Óscar Alberto “N”, Egmidio “N”, Omar “N”, Omar Cecilio “N”, Clemente “N”, Juan Arturo “N”, Sorokin “N”, Alfredo “N” y Clemente “R”. Además, estableció un periodo de tres meses para la investigación complementaria dentro del proceso penal 366/2024.

SEDATU CANCELÓ OBRA

Solana Calzada también confirmó la cancelación de la obra por parte de la SEDATU, lo que se debió a la negativa de los locatarios, pero también sugirió que la protesta podría tener tintes políticos. 

“Son unos pocos (quienes están en contra), realmente hubo un poco de tinte político en este acto”, expresó la edil.