Mientras el Cofre de Perote agoniza bajo la sierra y el hacha de traficantes de madera, las autoridades permanecen en un silencio cómplice.
En el corazón del parque nacional, específicamente en el predio Buena Vista, la tala ilegal ha devastado al menos 10 hectáreas de bosque, arrasando con árboles centenarios sin que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) o la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) intervengan para frenar el ecocidio.
Los habitantes de Cuatitila, comunidad perteneciente al municipio de Xico, han denunciado reiteradamente a estas bandas criminales. Sin embargo, las respuestas han sido nulas.
La familia Morales, legítima heredera de 50 de las 100 hectáreas que conforman Buena Vista, ha llevado el caso ante instancias como la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, presentando expedientes formales y evidencias contundentes.
La red de tala clandestina no opera sola. Testimonios y documentos apuntan a la complicidad de funcionarios, entre ellos trabajadores de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) e incluso empleados de la SEMARNAT.
Moisés Martínez, inspector de la zona, y un ingeniero forestal de la dependencia han sido señalados por su presunta participación en la protección de los talamontes.
La corrupción llega a tal punto que desde las mismas oficinas gubernamentales se proporcionan lonas con sellos falsos de "clausura" para encubrir los aserraderos clandestinos.
Terror, amenazas y desplazamiento: el nuevo rostro del crimen ambiental
Más allá del saqueo de los recursos naturales, los responsables de la tala han comenzado a actuar con violencia. Los herederos de Buena Vista han sido amenazados y han sufrido intentos de despojo.
Las imágenes recientes son elocuentes: troncos de árboles centenarios apilados en camiones, listos para ser vendidos en un mercado negro que opera con total impunidad. Incluso han optado por transportarlos con bestias de carga para aparentar que los propios pobladores son los responsables del desastre ecológico.
Hoy exigen la intervención de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, y de las autoridades federales para frenar de una vez por todas el crimen organizado que está destruyendo el Cofre de Perote.
El llamado también es para los grupos ambientalistas, cuyo papel en esta crisis ha sido prácticamente simbólico. Se necesita acción real, presencia en el terreno y presión social para evitar que uno de los pulmones verdes más importantes de Veracruz desaparezca ante la vista de todos.
Mientras tanto, la tala ilegal sigue su curso, y cada árbol derribado representa una nueva prueba de la impunidad que gobierna los bosques de México.