Cobro de la verificación vehicular estaría a cargo de Sefiplan

El gobernador del Estado, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, presentó al Pleno del H. Congreso del Estado una Iniciativa con Proyecto de Decreto que deroga la fracción I, Apartado B, del artículo 153 del Código Financiero; y adiciona un Apartado E, al artículo 16 y deroga los incisos a) y b) de la fracción IV, del artículo 19 del Código de Derechos, ambos para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que los recursos derivados de la venta de certificados holográficos para verificación vehicular sea únicamente regulado a través del Código de Derechos para la entidad.

Al respecto, se propone trasladar los servicios de cobro de este derecho, a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), toda vez que esta última está facultada para la realización de tareas recaudatorias.

De esta forma, se dará seguimiento puntual a los vehículos automotores dados de alta en el Registro Estatal de Contribuyentes en materia vehicular, para que cumplan con el Programa de Verificación Vehicular obligatorio.

Asimismo, en razón que el derecho actualmente señalado en el Código de la materia, se encuentra establecido bajo estándares ficticios, la iniciativa también propone homologar, bajo criterios de igualdad y proporcionalidad, dicha tarifa por la cantidad de 4.2035 Unidades de Medida de Actualización (UMA´S), equivalente a 365.20 pesos.

En este sentido, se podrá introducir orden en las finanzas públicas, respetar los derechos adquiridos por los particulares y dotar de transparencia en la recaudación, además,  permitirá solicitar mayores participaciones a la federación, implementar un Programa de regularización con beneficios para los omisos en las obligaciones, y normalizar las medidas verdaderas de medio ambiente.

Asimismo, continua el texto, no se cobrará el impuesto adicional para el fomento de la educación, beneficiando a los propietarios de los vehículos automotores y a la ciudadanía en general.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado para su estudio y dictamen.