En apego a la Ley General de Archivo, el gobierno local de Poza Rica se deshizo de alrededor de 11 toneladas de documentación y archivos que perdieron validez dentro de las funciones de sus diferentes áreas.
Dicha ley obliga a la administración municipal a implementar el sistema institucional de archivos, que consiste en depurar los expedientes que corresponden a trámites, de concentración o histórica sin valor.
De las oficinas municipales fueron sacadas cientos de copias, peticiones ciudadanas, reportes, informes y diferente documentación.
A cada oficina municipal se le solicitó revisar a detalle para determinar la cantidad de material que podría ser desechado, aclarando que son solo los documentos y papeles que ya dejaron de ser útiles.
El material será donado para su reciclaje, por lo que fue trasladado por una empresa particular que se encargará de darle destino final.