Aún no se aplican sanciones por fallida videovigilancia Yunista: TRIJAEV

La magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV), Leticia Aguilar Jiménez, confirmó que las sanciones contra exfuncionarios del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares por el fallido Sistema Estatal de Videovigilancia aún no son definitivas ni se han aplicado.

Aguilar Jiménez indicó que este caso está en proceso de ser turnado de la ponencia especializada en responsabilidades administrativas a la Sala Superior del Tribunal, que determinará conforme a Derecho.

"Si mal no recuerdo debe de estar ya turnado a Sala Superior. Yo no soy la ponente en este caso, hay una ponencia especializada en responsabilidades administrativas que es la encargada de analizar los proyectos", comentó Aguilar Jiménez.

Además, añadió que las sanciones para los exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad Pública serán consideradas por el pleno y, si se confirman, los afectados aún podrán tramitar amparos ante la justicia federal.

Aguilar Jiménez detalló que, en caso de una sanción económica, el procedimiento resultará en un crédito fiscal, pero aclaró que el tribunal no interviene en esa fase. 

INHABILITACIONES Y MULTAS POR 700 MDP

Hace unos meses, trascendió que el TRIJAEV inhabilitó por 20 años al exsecretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie, y a otros tres exfuncionarios por el daño patrimonial derivado del contrato con la empresa COMTELSAT para la instalación del sistema de videovigilancia. 

• Los exfuncionarios deberán pagar el monto del daño, que asciende a casi 700 millones de pesos.

La Sala Regional Unitaria Centro dictó la sentencia en el proceso iniciado por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) contra los exfuncionarios del gobierno de Yunes Linares. 

La sentencia establece que los exfuncionarios estarán inhabilitados de la función pública durante 20 años y deberán pagar el monto del daño causado a los recursos estatales. El contrato, firmado en 2017, era por mil 116 millones de pesos, de los cuales se pagaron mil 44 millones a la empresa.

De los pagos realizados, 350 millones de pesos corresponden a recursos federales, los cuales están siendo investigados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El resto son recursos estatales que deberán ser devueltos. La sentencia fue dictada por el magistrado Jaziel Cabrera Pacheco, y algunos de los sentenciados recurrieron, por lo que el caso está en proceso de escalar a la Sala Superior.

La investigación del Órgano Interno de Control de la SSP abarcó al entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, al exjefe de la Unidad Administrativa, Juan Carlos Saldaña Morán, a Guillermo Moreno Sentíes, exjefe de la Unidad Administrativa, e Iván Cuauhtémoc Santos Álvarez, exdirector del C4, todos relacionados en el contrato con COMTELSAT.

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El 4 de diciembre de 2017, el director general del C4 remitió al jefe de la Unidad Administrativa un dictamen que exceptuaba el procedimiento de licitación pública nacional para la contratación directa del sistema de videovigilancia. La cotización de COMTELSAT por mil 116 millones de pesos fue considerada la mejor propuesta, iniciándose el proceso de adquisición, suministro, instalación y puesta en operación del sistema.

El 6 de diciembre de 2017, en una sesión extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones de la SSP, se aprobó la adquisición sin cumplir con los requisitos de la ley de adquisiciones, bajo el argumento de excepción por motivos de seguridad. El 7 de diciembre de 2017, el jefe de la Unidad Administrativa firmó el contrato con COMTELSAT por mil 116 millones de pesos.

El expediente revela que, a pesar de los pagos realizados, no se obtuvieron todos los bienes y servicios contratados, y muchos de los bienes recibidos presentaban fallas. Los pagos excedieron lo estipulado en el contrato, realizándose en dos etapas con plazos específicos.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que cuando se detecta daño patrimonial, se debe fincar indemnización a los responsables, por lo que se impuso una indemnización por el 100 por ciento del daño y una inhabilitación para desempeñar cargos públicos.