A 22 años del asesinato de Digna Ochoa, familiares claman justicia

El próximo19 de octubre se conmemorarán 22 años del asesinato de Digna Ochoa y Plácido, destacada defensora de los derechos humanos en México.

En una entrevista con Jesús Ochoa, hermano de Digna Ochoa, se abordaron temas cruciales sobre la situación actual de la investigación y el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Jesús Ochoa expresó su preocupación sobre el cumplimiento parcial de las sentencias de la CIDH por parte del Gobierno mexicano, uno de los aspectos destacados es la solicitud de nombrar una calle en la Ciudad de México en honor a Digna Ochoa, lo cual se logró el año pasado en la entrada principal del búnker, aunque aún está pendiente en la ciudad de Misantla.

Otro punto clave mencionado por Jesús Ochoa es la reforma de las leyes mexicanas para que los servicios periciales estén separados del ministerio público y sean independientes, una recomendación de la CIDH que aún no se ha implementado en su totalidad en México.

En la entrevista, Jesús Ochoa también compartió que, a pesar de los años transcurridos, tiene información adicional relevante sobre el caso de Digna Ochoa, la cual planea proporcionar a las autoridades.

Esta información incluye testimonios y evidencia que apuntan hacia individuos específicos, así como la posible implicación de miembros del Ejército Mexicano; sin embargo, hasta la fecha, la Fiscalía General de la Ciudad de México no ha programado una declaración para recibir esta información crucial.

Jesús Ochoa destacó su compromiso continuo con la búsqueda de justicia para su hermana y enfatizó que no abandonarán el caso, con el respaldo de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, junto con un equipo legal y peritos expertos, están decididos a seguir luchando por la verdad y la justicia en este caso emblemático.

Este aniversario del asesinato de Digna Ochoa es un recordatorio de la necesidad continua de abordar la impunidad en México y garantizar que los defensores de los derechos humanos puedan trabajar en un entorno seguro y protegido.