El reparto de utilidades en México, consagrado como un derecho constitucional para los trabajadores, es un proceso que implica ciertas condiciones y excepciones que determinan quiénes son beneficiarios de este reconocimiento financiero.
El derecho al reparto de utilidades surge como una forma de reconocer la contribución de los trabajadores al éxito empresarial.
El beneficio, respaldado constitucionalmente, establece que las ganancias generadas por una empresa deben ser compartidas con los trabajadores subordinados.
Es importante destacar que el impuesto sobre las utilidades solo se aplica cuando la cantidad distribuida excede el equivalente a 15 días de salario mínimo.
La elegibilidad para el reparto de utilidades excluye a ciertos trabajadores. Directores, administradores, gerentes generales, socios o accionistas, trabajadores eventuales con menos de 60 días laborados durante el año correspondiente y prestadores de servicios profesionales no participan en este beneficio.
La fórmula para determinar la cantidad a repartir implica dividir las utilidades entre todos los trabajadores, considerando el número de días laborados y el monto de salarios devengados.
Se incluyen todos los días en los que el trabajador perciba su salario, abarcando incapacidades temporales por riesgo de trabajo, periodos prenatales y posnatales, descanso semanal, vacaciones, días festivos y permisos con goce de sueldo.
La base de reparto se establece en función del salario diario percibido en efectivo, excluyendo gratificaciones, percepciones o sumas adicionales por trabajo extraordinario.
En el caso de percepciones variables, se toma el promedio correspondiente al total percibido durante el año o durante un mes para el trabajo a destajo.
Para los trabajadores de confianza, el salario tope de reparto de utilidades se calcula sumando un 20% al salario del trabajador sindicalizado o de planta de mayor salario.