El Gobierno de México anunció que impondrá impuestos temporales por dos años a la importación de 392 productos, de acuerdo con un decreto emitido por la Secretaría de Economía (SE).
Dichas mercancías incluyen el acero, aluminio, bambú, productos químicos, jabón, papel, cartón, vidrio, material eléctrico, instrumentos musicales, entre otros.
Además, se mantendrán los aranceles ya fijados para los sectores textil, de confección, calzado, eléctrico, electrónico, automotriz y de autopartes.
La Secretaría de Economía indicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) que aplicará aranceles de entre 5 y 25 por ciento, bajo el argumento de generar “estabilidad en la industria nacional y eliminar distorsiones del comercio”.
“Es conveniente establecer aranceles temporales a la importación, de entre 5 a 25 por ciento, de mercancías clasificadas en 392 fracciones arancelarias relativas a acero, aluminio, bambú, caucho, productos químicos, aceites, jabón, papel, cartón, productos cerámicos, vidrio, material eléctrico, instrumentos musicales y muebles, entre otras”, estipuló.
Dicha medida fue implementada “con el fin de brindar certidumbre y condiciones de mercado justas a todos los sectores que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, permitir la recuperación de la industria nacional, fomentar su desarrollo y apoyar el mercado interno”, refiere el decreto que entrará en vigor este 16 de agosto y estará vigente hasta el 31 de julio de 2025.
Con esta publicación, se modifica el acuerdo emitido el 18 de noviembre de 2022, de acuerdo con el documento.
“En los últimos años, diversos sectores de la industria nacional, entre los que se encuentran el textil, confección y calzado, se han visto afectados por la desaceleración en el crecimiento económico derivada de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)”.
Estos aranceles solamente aplicarán a los países con los que México no tiene tratados de libre comercio.
El Gobierno federal argumentó que tiene la obligación de implementar mecanismos para “salvaguardar el equilibrio del mercado global en concordancia con el derecho internacional y los compromisos internacionales”.