Política a la veracruzana

Tristemente 2022 se ha convertido en el año más mortífero para periodistas en la historia de México y es que, más allá de un contexto político-partidista, se tiene que reconocer, para luego implementar políticas públicas de auténtica protección a comunicadores y ojalá el gobierno federal no cometa el error de negarlo, invisibilizando así la problemática y cerrándose a cualquier posibilidad de mejorar las condiciones de los comunicadores. 

Y es que, según lo dio a conocer la organización internacional de periodistas “Reporteros Sin Fronteras “con los 4 asesinatos ocurridos en agosto de este año, “México acaba de batir un sórdido récord: 2022 ya es el año más mortífero jamás vivido por la profesión en el país. Un drama que exige acciones urgentes por parte del Gobierno” sentenció Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Dicha organización lamenta que, a pesar de dichas cifras, que ha calificado de espeluznantes, autoridades federales, estatales y municipales se mantengan indiferentes sin dimensionar el grave problema que ello representa. No hay determinaciones o decisiones valientes ha dicho Emmanuel Colombié, director de la Oficina de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en América Latina.

Urge una refundación de los mecanismos de prevención de riesgos, de protección y de justicia, así como la instauración de una política integral y duradera, que permita garantizar la seguridad de los profesionales de la información, cuyo papel es crucial para la democracia mexicana.

Derivado de lo anterior,es que RSF anuncio que solicitó ya una cita urgente con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su Gabinete de seguridad para hallar soluciones concretas e inmediatas que frenen esta espiral de violencia e impunidad y de igual manera instaron a  Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán; a Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz; a Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero y a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, a reforzar sus mecanismos de protección para la prensa y a identificar a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos registrados estos últimos años en sus Estados”.

Y es que, con 14 periodistas asesinados en apenas ocho meses, de los cuales al menos 10 guardan relación directa con su labor informativa, México vive el año más mortífero para la prensa de su historia; señalaron que desde el inicio del mandato del presidente López Obrador, en diciembre de 2018, han censado al menos 36 asesinatos de periodistas y dos desapariciones, las de Jorge MolotzinCentlal y Pablo Felipe Romero Chávez, en 2021, en el Estado de Sonora. La mayoría de los asesinatos se concentran en los Estados especialmente corrompidos por la corrupción y el crimen organizado: Michoacán (suroeste), Sonora y Veracruz (sureste), con cinco casos cada uno. En la gran mayoría de estos 38 casos, la impunidad es casi total.

Lamentablemente en 2022, por cuarto año consecutivo, México es el país más peligroso y mortífero del mundo para los periodistas, por delante de países en guerra como Ucrania (ocho casos) o Yemen (tres casos). Así ha dicho Reporteros Sin Fronteras que, durante este año, al menos diez periodistas de los 14 asesinados lo han sido por ejercer su profesión.

Sin lugar a duda, lo urgente, tras dar a conocer dicha cifra, es conocer la determinación del estado y las acciones a emprender para frenar la violencia contra periodistas y evitar así que las cifras puedan incrementarse. Se requieren políticas públicas claras, acciones concretas y determinantes, más allá de simples discursos de buenas intenciones y promesas.