Las reformas de la cuarta transformación y ahora van por derechos humanos

En el bullicioso mundo de la democracia y el estado de derecho, donde cada palabra y cada interpretación puede significar un cambio trascendental, la reciente propuesta de reforma al artículo primero de la Constitución Mexicana de la cuarta transformación ha encendido un fuego de debate y preocupación entre académicos, juristas y ciudadanos. Este artículo se propone ofrecer una reflexión profunda sobre las implicaciones de eliminar la doctrina de la convencionalidad de nuestro marco jurídico nacional, una medida cuya complejidad y consecuencias merecen nuestra más firme atención.

El artículo primero de la Constitución Mexicana es el baluarte que consagra uno de los principios más esenciales del Derecho moderno: la integración de los tratados internacionales en el ámbito de los derechos humanos como parte fundamental del orden jurídico mexicano. Al eliminar la convencionalidad, se estaría cercenando, de un plumazo, la capacidad del país para armonizar sus normas con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Esta propuesta, por lo tanto, no es simplemente un ajuste técnico; es un replanteamiento integral de cómo México desea colocarse en el contexto mundial respecto a los derechos y garantías fundamentales de sus ciudadanos.

Pregunte a los juristas ¿qué significa realmente eliminar la convencionalidad? Y la respuesta es que, más allá de una simple reestructuración jurídica, se trata de una transición que afectaría directamente cómo los tribunales mexicanos interpretan y aplican los derechos humanos. Y es que los expertos nos comentan que actualmente, los jueces tienen el deber de considerar no solo la letra de las leyes nacionales, sino también la interpretación y aplicación de los tratados internacionales a los que México está sujeto. Una eliminación de este deber podría dar lugar a una interpretación más restrictiva y menos progresista de los derechos, situando la ley nacional por encima de los compromisos internacionales asumidos.

Así, nos plantean "imaginemos un futuro en el cual, por falta de sintonía con los estándares internacionales, México quede relegado a un segundo plano en temas de derechos humanos. Sin la brújula de la convencionalidad", entonces explican se corre el riesgo de que los derechos fundamentales sean sujetos a las variaciones políticas internas, perdiendo ese amparo supranacional que los fortalece frente a arbitrariedades o regresiones.

Luego entonces como defensores del Derecho, es crucial cuestionar esta propuesta con un lente crítico y una mente abierta a debate constructivo. ¿Qué justificaciones se presentan para tal reforma? ¿Cuáles son las verdaderas motivaciones detrás de este cambio? El análisis de estas cuestiones no solo es vital para los juristas, sino para todos aquellos que creen en un México que respeta y hace valer los derechos humanos universales. Preocupada a todas y todo, incluso a nosotros, los periodistas. 

Reforzar nuestro compromiso con la protección de los derechos humanos debería ser siempre la bandera de cualquier reforma constitucional. En lugar de reducir el impacto de los estándares internacionales "México debería trabajar hacia una integración más robusta y eficaz, que no solo hable de compromisos en papel, sino que los materialice en acciones concretas y efectivas".

Es un momento de reflexión y quizá de resistencia intelectual y moral frente a las acciones de la mayoría morenista. Son las voces expertas y la ciudadanía en general quienes deben pugnar para mantener una vigilancia activa sobre este tipo de propuestas que, aunque técnicas en su forma, llevan consigo el peso del futuro de los derechos fundamentales de todas y todos. De ahí la importancia de una sociedad informada y, sobre todo, comprometida en la defensa de un país que debe honrar sus compromisos internacionales y garantizar un verdadero acceso a la justicia para todos.