Mano negra en la UV

El prestigiado doctor Miguel Casillas, expone amplia y fundada preocupación por algo que percibe como: “carencias en la discusión de una nueva Ley Orgánica en la UV”.

Miguel Casillas, investigador y un académico de amplio prestigio internacional, destaca las carencias de la convocatoria de la administración central de la Universidad Veracruzana para diseñar un nuevo Anteproyecto de Ley Orgánica.

“Es un despropósito pues carece de fundamento y legitimidad. Es también un salto al vacío y un riesgo enorme para la UV”.

Casillas, alerta de que, las autoridades convocan a proponer reformas sin ninguna base, porque no hay un diagnóstico sobre las carencias y limitaciones de la actual Ley Orgánica que justifiquen su actualización”.

Dijo, que tampoco hay una explicación fundada sobre los elementos que deberían imperiosamente actualizarse en función de la nueva Ley general de educación superior; menos hay -como fundamento- un nuevo diseño institucional, en el gobierno, en sus fines o en su organización que justifique una nueva Ley.

“Recientemente, en la Universidad Pedagógica Nacional han organizado un congreso con amplia participación de la comunidad de todas las sedes, que durante más de un año ha discutido y construido consensos sobre las funciones, el régimen de autonomía y sobre la homologación de las condiciones del trabajo académico”.

Consideró, que en otras muchas instituciones, la discusión sobre su Ley Orgánica, supone un amplio debate sobre la base de un diagnóstico, y una propuesta de rediseño institucional.

En la UV no es así; se quiere inventar una nueva Ley como si fuera un asunto de su actualización simplemente, porque tiene muchos años, cuando está en juego la precisión de las funciones, objetivos y la misión institucional, cuando se puede modificar la estructura y la organización académica, cuando se tiene que precisar el tipo de gobierno que rige a la Universidad, entre otros aspectos estructurales.

“En la UV el procedimiento es equívoco, replica los peores métodos de simulación de la administración anterior al convocar a una consulta abierta a la comunidad a través de unos foros y una página web, desde lo cual, quién sabe quién hará la selección de quién sabe qué, bajo su propio criterio, sin mayor reflexividad, ni libre exposición de las ideas y sin debate entre la comunidad.

No hay criterios que orienten a los miembros de la comisión del Consejo Universitario, que deberán integrar las propuestas; y cuando logren tener un acuerdo ¿qué tan legítimo y fundado podrá ser?

El problema de una nueva Ley es que requiere de una enorme legitimidad y ésta sólo se construye como resultado de una amplia participación de la comunidad”, comenta el experto en educación superior.

Por lo demás es un riesgo enorme abrir la definición de una nueva Ley dada la actual composición y la correlación de fuerzas en el Congreso del Estado.

En principio carecemos de un movimiento universitario unificado, que defienda la postura de la Universidad, porque ésta no se ha construido con un procedimiento democrático en el que la comunidad se sienta identificada.

El control absoluto de Morena no augura una discusión plural, abierta, que entienda los argumentos de la Universidad, dice.

La nueva Ley debe derivar del acuerdo universitario sobre un nuevo diseño institucional.

Indica, que para favorecer una reflexión universitaria seria, es indispensable que la oficina de la Abogada General presente a la Universidad un diagnóstico sobre las carencias y limitaciones de la actual Ley Orgánica que justifican su actualización. Se necesita el consenso institucional para diseñar la universidad del futuro. Y evitar que un grupo se eternice en el poder de la UV. Así las cosas.

/pn