En manos de Suprema Corte Plan B Electoral

Frente al debate nacional y las protestas que parecen dividir en dos bandos al país, es decir entre los que avalan las reformas y entre los que no, cierto es que, la solución está de lado de la legalidad. Cabe aquí el máximo principio, proveniente del derecho Romano “Dura lex, sed lex”, es decir “la ley es dura, pero es la ley”, que aunque parece contraponerse con la ponderación de los derechos humanos, cierto es, que al final se tendrá que imponer lo establecido en la norma. 

Y es que apenas el pasado miércoles 22 de febrero, el Senado de la República aprobó lo que restaba del famoso Plan B de la reforma electoral, que modifica diversas leyes secundarias que transforman el sistema electoral mexicano; de ésta última aún no existe recurso alguno presentado por el Instituto Nacional Electoral (INE) o por parlamentarios, toda vez que al no publicarse aún, por el presidente de la República, en el Diario Oficial de la Federación, es improcedente presentar inconformidad pues legalmente aun no afecta ningún interés, al no estar vigente en dicho documento.

Pero contrario a ésta última reforma, sí existen ya controversias constitucionales, promovidas por legisladores, dirigencias partidistas y el propio Instituto Nacional Electoral (INE), respecto de las primeras reformas publicadas y aprobadas en su momento en el Diario Oficial de la Federación, que adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley general de  Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a las cuales se les dotó de una naturaleza electoral. 

Tras el análisis de esa primera parte de las reformas, al resolver las controversias interpuestas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó la suspensión provisional, es decir que ese apartado de primeras reformas no podrá entrar en vigor y por lo tanto tampoco podrán operar en los comicios próximos, en tanto no se resuelva de fondo. 

Y es que como recordaran, el próximo mes de junio habrá elecciones en Coahuila y Estado de México. Cabe precisar que hasta el pasado lunes  20 de febrero, la SCJN ha recibido 47 acciones de inconstitucionalidad y 31 controversias constitucionales contra el Plan B; se estima que las y los ministros de la Suprema Corte esperen a que las reformas restantes del “plan B” se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y así ante la inminente andanada de impugnaciones, pudieran acumular y resolver en conjunto. 

La Suprema Corte tiene el tiempo encima, pues deberán resolver cuanto antes, toda vez que estas reformas que agrupan el Plan B en su totalidad impactaran en los procesos electorales de este año y de 2024. Cabe aquí precisar que una Controversia Constitucional es un “juicio que se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver los conflictos que surjan entre poderes federales, poderes de los estados, órganos de gobierno de la Ciudad de México, o entre los órdenes federal, estatal, municipal o de la Ciudad de México, por invasión de competencias o por cualquier tipo de violación a la Constitución federal”.

El proceso de este juicio inicia cuando uno de los poderes considera que una ley, un decreto o un reglamento promovido por otra autoridad representa un agravio a sus facultades y perjudica el cumplimiento de sus funciones. 

En tanto, la Acción de Inconstitucionalidad es un mecanismo de control que sirve para expulsar del orden jurídico las normas generales que sean contrarias a la Constitución, o a los Tratados Internacionales de los cuales nuestro país es Parte. Así es que, queridos lectores, entre protestas y acusaciones, la corte tiene la última palabra.