¿Persecución política o acuerdo con Yunes Márquez?

La familia Yunes estuvo en los medios nacionales durante todo este miércoles, y en redes sociales, por la solicitud que hizo el poder judicial de Veracruz a la embajada de Estados Unidos para corroborar la presencia del indiciado, Miguel Ángel Yunes Márquez, ex alcalde de Boca del Río y ex candidato al gobierno de Veracruz en las elecciones de 2018.

Ni en la campaña pasada donde contendieron para senadores tuvieron tanto espacio en los medios de comunicación de proyección en el país como ahora, cuando se conoció esta petición del juez, lo que expresa el interés de la opinión pública por lo que estos políticos hagan o dejen de hacer, eso los debe hacer sentir orgullosos.

Azucena Uresti, Radio fórmula, Álvaro Delgado, La silla Rota, La Jornada, López Dóriga, Política expansión, son algunos de los medios y periodistas que manejaron que se emitió la ficha roja para localizar al político panista de Veracruz, lo que no habrá gustado mucho a este personaje, porque lo hace ver como prófugo de la justicia.

Si bien no es ficha roja, lo cierto es que el juez de control, Oscar Luis Lozada que lleva el caso en el décimo primer distrito judicial, no previno que su procesado no iba a presentarse y ante su viaje a Estados Unidos debió girar orden de aprehensión ya que con su salida de Veracruz o territorio nacional no garantiza su presencia en el lugar donde se ejecuta el proceso judicial.

Comúnmente esperar cinco citatorios es demasiada condescendencia con un imputado.

SI ESTO ES POLÍTICO, ¿CON QUIEN HIZO ACUERDO?

De la “oficina de Prensa del Senador electo Miguel Ángel Yunes Márquez” se emitió un comunicado donde señala que “participará mañana jueves 11 de julio en la audiencia a la que ha sido convocado por un juez de control de Xalapa”.

Y es que, de no hacerlo, el impartidor de leyes ya no tendrá oportunidad de aplazar más lo que es inevitable para el ex candidato a gobernador, la vinculación a proceso y posible prisión preventiva en su caso.

En otra parte del comunicado difundido apenas se conoció que el juez pidió a la embajada norteamericana para confirmar su presencia en la dirección que dio en Miami, el senador electo dio a conocer el comunicado donde acusó que se trata de un tema meramente político:

“A pesar de enfrentar un problema de salud que lo ha llevado a hospitalizarse varias veces en las últimas semanas, nunca se ha negado a acatar el llamado del juez, aun cuando sabe que no es un tema de justicia, sino una clara persecución política”.

Más adelante acusa al poder judicial de ser violentador del derecho de su salud y de que hay un interés de tipo político en su contra:

“Es claro que el Poder Judicial del Estado ha venido violentando el derecho humano a la salud de Yunes Márquez al negarse a llevar a cabo la audiencia en el momento en que él sea dado de alta, y al dar a conocer documentos privados con el único afán de lastimar su honor…

….No quieren hacer justicia, quieren impedir que Yunes Márquez llegue al Senado de la República y para ello usan a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial”.

La denuncia que se le sigue es por falsificación de documentos dentro del proceso penal 151/2021 lo que hace reflexionar que, si efectivamente se trata, como dice el acusado, de una situación de trasfondo político, entonces ¿por qué la justicia “durmió” su expediente desde hace 3 años cuando se presentó la querella judicial en su contra?

Es decir, si hay algún motivo político el que este expediente no haya continuado confirma que hubo precisamente algún tipo de acuerdo de esa índole para que no prosperaran las acusaciones.

Pero más allá, también la dilación de la justicia ya sea desde la fiscalía como en el juzgado en mención quedan en entredicho y el propio Yunes Márquez está exhibiendo esta falta de acción judicial además de que políticamente pudo haber sido favorecido para que no se le aplicara la Ley, y el tema lleva a la pregunta de ¿quién o quienes hicieron dicho acuerdo?