¿Y Quien defiende a los integrantes de colectivos de personas desaparecidas?

El caso de Magdaleno Pérez Santes, es el ejemplo duro y cruel del dolor y los riesgos que atraviesas los padres y madres buscadoras; un calvario difícil de expresar para quienes no lo han vivido de cerca. Cientos de padres y madres que han perdido la vida buscando a sus hijos e hija; convirtiéndose así no solo en víctimas indirectas, sino en victimas potenciales frente a los riesgos que enfrentan.

Magdaleno Pérez Santes, era originario de Papantla, Veracruz; un padre de 41 años que llevaba casi seis años buscando a su hija –Diana Paloma Pérez Vargas- desaparecida y quien fuera asesinado el pasado martes 11 de marzo.

La muerte de Magdaleno Pérez ocurrió tras ser detenido por elementos de la Policía Municipal de Poza Rica. Su familia denunció que fue víctima de una golpiza por parte de los agentes, lo que pudo haberle causado la muerte. Según sus allegados, regresó a casa con golpes en la espalda y la cabeza, quejándose del maltrato recibido. Horas después, falleció en su domicilio.

Magdaleno Pérez era parte del colectivo "María Herrera" de Poza Rica, dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas. Durante años, su familia difundió la imagen de Diana Paloma en redes sociales con la esperanza de obtener información sobre su paradero, pero hasta la fecha no hay indicios de su ubicación.

Dos policías municipales de Poza Rica fueron detenidos por el delito de homicidio en contra de padre buscador; el dolor y la indignación de los colectivos es comprensible. No es la primera vez que ocurre en el país. Un hecho lamentable que demuestra una vez más el riesgo que enfrentan los y las integrantes de colectivos.

Luego entonces la pregunta es ¿quién protege a los integrantes de los colectivos de búsqueda de desaparecidos? Estos grupos están compuestos, en su mayoría, por familiares de las víctimas, quienes han tomado la iniciativa de buscar a sus seres queridos ante la indiferencia o incapacidad institucional.

Trágicamente, muchos de ellos pagaron con sus vidas el precio de buscar justicia, como es el caso de Magdaleno. Esto obliga a reflexionar sobre el papel del Estado y la sociedad en garantizar la seguridad de quienes se han convertido en defensores valientes de los derechos humanos.

El fenómeno de las desapariciones es un horror persistente que continúa devastando a miles de familias. Según datos de diversas organizaciones de derechos humanos, miles de personas desaparecen anualmente, dejando un vacío incalculable en las vidas de sus seres queridos. Estos familiares, enfrentando la desesperación y el dolor, se organizan en colectivos para buscar respuestas, a menudo sin el apoyo del Estado y en algunos casos enfrentando la hostilidad de las mismas autoridades.

Los integrantes de estos colectivos no son solo buscadores de verdad; se han convertido en activistas involuntarios en una sociedad donde la corrupción, el crimen organizado y la complicidad crean un ambiente letal. Muchas de estas valientes personas han sido amenazadas, acosadas e incluso asesinadas en represalia por sus esfuerzos.

Las cifras son alarmantes: cada año, la lista de miembros de estos colectivos que son asesinados crece, dejando en evidencia una falla sistémica en la protección de quienes deberían ser considerados defensores de derechos humanos. Las autoridades de los 3 niveles deberían ser el mayor garante de la seguridad y los derechos de sus ciudadanos; ello incluye el diseño e implementación de políticas públicas efectivas y la provisión de medidas de protección adecuadas y oportunas.

El mecanismo de protección debe ser integral, ofreciendo no solo seguridad física, sino también apoyo psicológico y asistencia legal para enfrentar las complejidades del proceso de búsqueda, puesto que se trata de víctimas también.

La lucha de los colectivos de búsqueda de desaparecidos es una manifestación palpable del coraje y la resiliencia humana ante la adversidad extrema. Sin embargo, su sacrificio nunca debería ser el de sus vidas. Es imperativo que tanto las autoridades como la sociedad en conjunto tomen acciones concretas para proteger a estas personas valientes que, en esencia, están luchando por una causa que nos afecta a todos: la justicia y el respeto de los derechos humanos.

Los colectivos de búsqueda de desaparecidos merecen más que nuestro reconocimiento; necesitan nuestra acción y solidaridad. Sí, se alza la pregunta "¿quién los protege?", pero con acciones firmes y un compromiso genuino, podemos asegurar que la respuesta a esa pregunta sea toda una sociedad unida en defensa de la verdad y la justicia.