Al pie de la letra

Al secretario estatal de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, le urge conseguir fuero legislativo. Por eso ha buscado el cobijo de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, fuerte aspirante de Morena a la gubernatura. El economista pozarricensequisiera ser senador para tener inmunidad durante seis años, pero si bien le va será candidato a diputado local o federal en 2024.

Lima Franco estaría por correr la misma suerte de sus antecesores duartistas Mauricio Audirac y Antonio Gómez Pelegrín, aunque en el caso de este último extitular de la Sefiplan en realidad terminó pagando los abusos y negligencias que sus predecesores cometieron, pues solamente ejerció el cargo los últimos dos meses de 2016.

Y es que a Lima acaban de descubrirle que el 28 de febrero pasado autorizó contratar una línea de crédito por mil 717 millones 650 mil 673 pesos con el Banco Nacional de Obras (Banobras), del cual no informó a la Secretaría de Hacienda a la que por ley debía reportar para inscribir la deuda en el Registro Único de Financiamientos y Obligaciones de las Entidades Federativas.

Esta línea de crédito, que supuestamente se destinaría para reestructurar el Programa de Financiamiento Fondo para la Reconstrucción de Entidades Federativas (Fonrec), adquirido durante la administración del exgobernador Javier Duarte en agosto de 2011, se saldaría hasta noviembre de 2031, o sea, hasta el año siguiente de que concluya el próximo sexenio. A la gestión saliente del gobernador Cuitláhuac García le tocaría pagar mensualidades que van desde los 9 millones 986 mil pesos hasta 11 millones 819 mil pesos el 25 de noviembre de 2024, cinco días antes de que finalice su régimen. Pero Nahle, en caso de que llegara a la gubernatura, deberá pagar mensualmente hasta noviembre de 2030 casi 23 millones de pesos, el doble de los intereses.

El reportero Jair García investigó que a tales montos deberán sumársele aún los intereses y comisiones correspondientes, los que Lima se ha negado a informar pese a que Banobras obliga a transparentar y hacer públicos los datos.

La misma actitud evasiva adoptó la semana pasada cuando le preguntaron sobre el monto de la deuda total que heredarán a la siguiente administración. Ante la insistencia de los reporteros, sólo dijo escuetamente que “creo se pagan 6 mil millones de pesos al año”, explicando forzadamente que la mitad se abona al capital y la otra parte al pago de los intereses. 

Pero de lo que tampoco ha informado es de los 358 millones de pesos de los Servicios de Salud que decidió invertir en Accendo Banco, la institución financiera de los desprestigiados hermanos Reyes de la Campa que recibió permiso de operar como banca en 2019 y se dedicó a manejar el dinero de varias entidades gubernamentales con el aval de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),la cual perdió su licencia de operación en 2021 debido a su bajo índice de capitalización. De esa situación estaban enterados Lima y su amigo Gabriel Yorio, un economista papanteco que desde 2018 despacha como subsecretario de Hacienda.