Sector salud: saqueo impune

A la administración del presidente López Obrador solamente le faltan 103 días para concluir y, hasta hora, no se ve que el Sector Salud –al menos el de Veracruz, donde al gobierno del también morenista Cuitláhuac García le restan menos de seis meses– esté igual o mejor que el de Dinamarca.

Ayer, la periodista Claudia Montero, del medio digital alcalorpolitico.com, reportaba el grave deterioro de los servicios de Salud en la entidad donde Morena acaba de arrasar en los comicios federales y locales del pasado 2 de junio: no hay pago a proveedores ni compra de insumos y medicamentos pese a que fluyen los recursos de la Federación y del Estado al IMSS-Bienestar; se posponen cirugías y no hay acciones de higiene y mantenimiento, y el Centro Estatal de Cancerología (CECAN) carece de fármacos oncológicos, por lo que los pacientes tienen que recurrir a la asociación civil AHTECA (“Ayúdame Hermano Tengo Cáncer”), que preside la señora Anita Chedraui Obeso, hermana de los dueños de la cadena de tiendas de autoservicio que lleva su apellido paterno.

A finales de septiembre del año pasado, el diputado local priista Marlon Ramírez Marín denunció públicamente que había detectado un esquema para desviar recursos en al menos 18 dependencias del Gobierno del Estado, y que tan solo en la Secretaría de Salud se habían descubierto operaciones irregulares por mil 593 millones 700 mil pesos,  

Detalló que en SESVER habían sido beneficiadas 50 empresas creadas en los primeros cuatro años de la administración cuitlahuista; que existía colusión con otras empresas por medio de representantes legales; que de 2019 a 2022 se otorgaron 160 contratos por un monto de mil 87.1 millones de pesos, de los cuales 94 contratos fueron por adjudicación directa por un monto de 315.3 millones, y otros 66 se asignaron por invitación por la suma de 771.8 millones de pesos.

El legislador del Revolucionario Institucional señaló que existían 190 contratos por igual número de personas físicas por 506.3 millones de pesos y que 44 personas físicas resultaron ser beneficiarias de programas sociales con una asignación 122.8 millones, y otros eran empleados del gobierno estatal cuando se dieron los contratos.

Expuso casos como el de Bethy Torres Hernández, de 23 años de edad, empleada de SESVER, quien recibió un contrato por un millón 92 mil 799.99 pesos; o Misael Carmona Medina, de 24 años, beneficiario de Jóvenes Construyendo el Futuro, al que le asignaron 22.9 millones de pesos en contratos; así como una lista de personas físicas con contratos para mantenimiento en la pandemia 2019-2020, por 136.4 millones de pesos.

Mencionó además el caso de DICIPA, S.A. DE C.V., empresa que fue vetada para recibir contratos en todo el país, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2023. “Cuatro meses después se le asignaron contratos por más de siete millones de pesos”, acusó Ramírez Marín, quien reveló que semanas antes le había expuesto esta situación al entonces secretario de Salud, Gerardo Díaz Morales, quien le ofreció acompañarlo a la Fiscalía General del Estado y a la FGR para que presentara formalmente las denuncias, pero desafortunadamente el funcionario falleció el 29 de agosto.

El gobernador Cuitláhuac García retó a Marlon que denunciara y presentara las pruebas “si las tenía”.