CNDH señala tortura contra detenidos por el asesinato del periodista Gregorio Jiménez

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Rosario Piedra Ibarra, emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, bajo el mando de Verónica Hernández Giadáns, y a la Secretaría de Seguridad Pública, bajo la dirección de Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla. 

Esta recomendación resalta graves violaciones a los derechos humanos en relación con el caso de las personas involucradas en el asesinato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, el secuestro y asesinato de Ernesto Ruiz Guillen, secretario de la Confederación de Trabajadores de México de Villa de Allende, y el taxista José Huerta Lara, conocido como "El Bembas", entre otros delitos.

La CNDH comprobó que estas personas, presuntamente ligadas a los mencionados crímenes, fueron víctimas de tortura. La recomendación, emitida bajo el número 118 VG/2023, se basa en hechos ocurridos en febrero de 2014 y documenta la violación de derechos humanos, incluyendo tortura sexual, a siete individuos por parte de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), dirigida en ese entonces por Amadeo Flores Espinosa. 

El objetivo de estas acciones habría sido obtener información relacionada con la investigación de los crímenes mencionados.

CRIMEN SACUDIÓ A VERACRUZ

Entre los siete individuos afectados se encuentra Teresa de Jesús "N", quien se cree que es la presunta autora intelectual del secuestro y asesinato del periodista Gregorio Jiménez. De acuerdo con la PGJE, Teresa de Jesús "N" habría contratado a un sicario para llevar a cabo el asesinato de Jiménez de la Cruz debido a diferencias personales entre ambos. Los restos del periodista posteriormente fueron encontrados en una fosa clandestina en el municipio de Las Choapas.

La Procuraduría procedió legalmente en contra de José Luis "N", Jesús Antonio "N", Gerardo "N", Santos "N" y Juan Manuel "N", quienes desde el inicio del proceso penal afirmaron haber sido torturados y detenidos de manera ilegal en relación con el asesinato del periodista. Estas personas interpusieron amparos ante la justicia federal en busca de protección.

Una semana después del asesinato de Gregorio Jiménez de la Cruz, el entonces procurador Amadeo Flores Espinosa presentó su renuncia al gobernador, Javier Duarte de Ochoa. Además, en una fecha reciente, el 15 de agosto de 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) comunicó la detención de Josué "C", alias "El Celaya", quien es acusado de estar involucrado en el secuestro y posterior homicidio del periodista.

La FGR destacó que en este caso se ejerció la facultad de atracción, ya que se consideró que existen pruebas suficientes que vinculan el delito con la labor periodística de la víctima. El comunicado oficial, bajo la referencia FGR 429/23, detalla esta posición.

PUNTOS RECOMENDATORIOS

Además de la denuncia pública de las violaciones a los derechos humanos en este caso, la CNDH ha solicitó a la Fiscalía General del Estado de Veracruz que colabore con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas para inscribir a las personas afectadas en el Registro Estatal de Víctimas de Veracruz. También se exige una reparación integral del daño, que incluye compensación y atención médica y psicológica.

La recomendación también pide que se integre el contenido de la Recomendación 118 VG/2023 en la Carpeta de Investigación correspondiente, con el propósito de evitar la continuación de la vulneración del derecho al acceso a la justicia de las víctimas. Además, se espera la colaboración con la autoridad investigadora que se designe para el trámite y seguimiento de la denuncia presentada por la CNDH contra los servidores públicos involucrados en los hechos.

Para prevenir incidentes similares en el futuro, se insta a la Fiscalía General del Estado de Veracruz a implementar un programa de capacitación destinado a los ministerios públicos y al personal de apoyo adscrito a la Fiscalía Regional Sur-Coatzacoalcos. El objetivo de esta capacitación es sensibilizar a los involucrados en temas de derechos humanos, permitiéndoles reconocer y abordar de manera adecuada situaciones de lesiones, tortura y maltrato físico y psicológico en personas bajo detención, lo que también incluye al personal de la SSP.