Xalapa | 2024-11-30
Los estados de México, Veracruz, Guanajuato, Nuevo León y Jalisco se encuentran entre los más afectados por la extorsión, y sus modalidades que incluyen el cobro de piso, amenazas telefónicas y ciber extorsiones, de acuerdo con un informe del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
A pesar de ser uno de los delitos más denunciados, la extorsión es también uno de los menos reportados ante las autoridades.
¿Qué modalidades de extorsión son más comunes? Las principales formas de extorsión en el país incluyen amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas, cobros ilegales a negocios (también conocido como "cobro de piso") y las más recientes ciber extorsiones, que utilizan la tecnología y la inteligencia artificial para manipular a las víctimas.
Los métodos cada vez más sofisticados se están empleando con mayor frecuencia por parte de bandas criminales que aprovechan la vulnerabilidad de sus víctimas, muchas de las cuales no denuncian los hechos debido al temor o la desconfianza en las autoridades.
En 2023, las denuncias por extorsión llegaron a más de 10 mil casos en todo el país. Los estados con las cifras más altas fueron el Estado de México, con 4,010 denuncias, seguido de Veracruz, con 881.
A pesar de la alta incidencia de este delito, se estima que por cada 100 casos de extorsión solo dos se formalizan con una carpeta de investigación.
Este desajuste entre los delitos cometidos y las denuncias formales exhibe la falta de confianza que la ciudadanía tiene en las instituciones encargadas de combatir la criminalidad.
Según el estudio de Juan Pablo Aguirre Quezada, investigador del IBD, solo el 2% de los casos llegan a investigarse, lo que agrava la situación.
El vacío legal y de seguimiento genera un entorno propicio para que las bandas de extorsionadores operen con impunidad, mientras las víctimas se sienten atrapadas en un ciclo de miedo y desconfianza.
Para combatir este fenómeno, especialistas sugieren que se implementen reformas legales para tipificar la extorsión como un delito grave y se aumenten los recursos destinados a la protección y denuncia de las víctimas.