Xalapa | 2024-12-10
Dos agricultores de Los Altos de Ayahualulco viven para contarlo: aseguran haber sido asaltados, golpeados y extorsionados por elementos de Seguridad Pública de la delegación Xico. Este incidente no solo les dejó sin más de 30 mil pesos, sino que también enfrentan el temor de represalias tras haber sido amenazados.
El pasado 6 de diciembre, José Andrés Ferto Colorado y Gerardo Colorado Jiménez llegaron a Coatepec con un camión cargado de 10 toneladas de papa para entregarlas a una empresa local de botanas. Después de descargar la mercancía en la colonia Fernando Gutiérrez Barrios y recibir 30 mil pesos como pago parcial, guardaron el dinero en la caja de herramientas del vehículo para mayor seguridad.
Mientras se retiraban del lugar, fueron interceptados por una patrulla de Seguridad Pública. Según delegación Xico, relatan, los policías los bajaron violentamente del camión, incluso dispararon cerca de sus pies, exigiendo que explicaran qué transportaban.
Tras revisar el vehículo bajo el pretexto de buscar objetos ilícitos, los esposaron y trasladaron a la comandancia municipal de Coatepec.
En el trayecto, los oficiales se quedaron con la cartera de José Andrés, que contenía documentos personales y 2,800 pesos. Mientras tanto, el camión fue conducido por uno de los policías al corralón de una empresa privada en Xalapa MG.
A su llegada a la comandancia, los productores fueron fotografiados con objetos que no les pertenecían y acusados de cometer faltas administrativas.
Horas más tarde, lograron contactar al ingeniero que compró su carga, quien pagó una multa de 1,600 pesos para liberarlos. Sin embargo, al preguntar por su camión, se les informó que estaba retenido en el corralón, donde les exigen 75 mil pesos para recuperarlo. Al inspeccionar el vehículo, descubrieron que la caja de herramientas con el dinero había desaparecido.
Los productores aseguran que este dinero debía repartirse entre otros agricultores de la región, lo que agrava aún más la situación. Ahora enfrentan el dilema de denunciar formalmente los hechos, pues afirman haber sido amenazados por los policías involucrados.
Los afectados han solicitado la intervención de la gobernadora Rocío Nahle y del Secretario de Seguridad Pública para esclarecer los hechos y garantizar su seguridad.
Este caso pone nuevamente en entredicho el actuar de los elementos de Seguridad Pública en Veracruz, pese a recientes llamados a conducirse con legalidad y profesionalismo.