Ciudad de México | 2024-11-05
El conflicto por la reforma al Poder Judicial que ha enfrentado durante meses a los trabajadores del mismo, entre ellos jueces y magistrados, con el Gobierno Federal parece haber llegado a su fin.
O al menos eso habría determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al desestimar por falta de votos la última instancia que pretendía frenar la enmienda promulgada en septiembre pasado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El ministro de la SCJN, Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó en días pasados un proyecto que iba parcialmente en contra de la reforma, proponiendo invalidar algunos puntos clave como la elección de jueces y magistrados mediante voto popular, pero manteniendo la elección de ministros.
Este proyecto había sido presentado en respuesta a las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial promovidas por los partidos de la oposición.
La sesión arrancó alrededor de las 10:00 horas de este martes, mientras trabajadores del Poder Judicial realizaban un plantón afuera de la sede de la SCJN. La ministra presidenta, Norma Lucía Piña, inició reconociendo el peso de la decisión a la que llegarían, pero subrayando la tarea de la Corte de defender a la Constitución.
También se determinó, alrededor de las 13:30 horas, que los partidos políticos de oposición (PRI, PAN y Movimiento Ciudadano) sí tienen legitimidad jurídica para impugnar la reforma judicial a través de la acción de inconstitucionalidad.
La sesión se fue a receso alrededor de las 15:00 horas, y se reanudó aproximadamente a las 16:30 para iniciar las votaciones; aquí se determinó que eran 8 los votos necesarios para que procediera el proyecto del ministro Alcántara.
Con siete votos a favor y cuatro en contra, el proyecto de Juan Luis González Alcántara no alcanzó la mayoría calificada en el pleno de la SCJN para proceder y, por tanto, fue desestimado.
Con esta resolución histórica, la reforma al Poder Judicial, actualmente en vigor, continuará vigente en todos sus términos, destacando la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular, que se realizará por primera vez en el proceso electoral de 2025.