Argentina | 2022-12-06
Un tribunal argentino sentenció este martes a seis años de cárcel a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusada de haber liderado una organización delictiva que direccionó obras públicas a un empresario allegado durante su presidencia.
Sin embargo, no conllevará su arresto inmediato porque puede apelar la sentencia ante distintas instancias hasta llegar a la Corte Suprema -que tendrá la última palabra- en un proceso que puede prolongarse varios años.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola sostuvieron que la empresa de Báez fue una estructura creada para extraer fondos del Estado mediante la asignación irregular de obras públicas y que cuando concluyó el mandato de Fernández de Kirchner, desapareció.
Señalaron que este esquema de corrupción, "el mayor que se haya conocido en el país”, también estuvo vigente durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), marido y antecesor de la vicepresidenta y quien falleció en 2010, tres años después de dejar el poder.
El fallo agrega la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Decenas de simpatizantes de fuerzas izquierdistas se congregaron en torno de la sede de los tribunales federales para dar su apoyo a la exmandataria cuando el veredicto fue leído. El edificio se encontraba rodeado de vallas y fuertemente custodiado por policías.
La vicepresidenta, que escuchó el fallo en su despacho en el Senado, aseguró que la condena tiene su origen en una " mafia judicial paraestatal" y reiteró su inocencia.
"Esto es un Estado paralelo y mafia, mafia judicial, y la confirmación de la existencia de un sistema paraestatal, donde se decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad del conjunto de los argentinos", sostuvo.
Esta condena de cárcel para la dirigente peronista constituye la primera vez que un vicepresidente argentino es condenado estando en funciones.
La exmandataria estaba acusada de ser la jefa de una “asociación ilícita” y de administración fraudulenta -defraudación al Estado- por unos 1,000 millones de dólares.