Perú | 2022-12-07
Mientras Pedro Castillo, Presidente de Perú, anunciaba un estado de excepción y la disolución del Congreso Nacional, los legisladores citaban a una sesión extraordinaria donde se decidió remover del cargo a Castillo, anunciando que será Dina Boluarte, la actual vicepresidenta, quien jurará en el cargo.
La votación fe de 101 votos a favor.
En sus redes sociales, se publicó un mensaje tras el anuncio de Castillo de disolver al congreso, señalando: "Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quien asume funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes".
Castillo ha sido señalado por los posibles delitos de tráfico de influencias, colusión y organización criminal por la Fiscalía de aquel país sudamericano.
Tras el anuncio de la disolución del Congreso y que estos decidieran su salida, medios internacionales y de Perú informaron que Pedro Castillo ahora se encontraría bajo custodia de la Policía Nacional.
Imágenes que han circulado en redes sociales muestran a Castillo dentro de un vehículo oficial, justo cuando es detenido por los oficiales.
Se está en espera de que se informe por fuentes oficiales lo que sucederá con el exmandatario, que por ahora permanecería dentro de la prefectura de Lima.
Pedro Castillo, presidente de Perú, anunció este día la disolución del Congreso de la República y convocó a elecciones anticipadas.
En un mensaje a la ciudadanía, afirmó que esta decisión se realiza para restablecer el derecho y democracia en Perú.
"En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el estado de derecho y la democracia".
El presidente de Perú tomó como medidas disolver el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional.
Puntualizó que en ese tiempo se gobernará mediante decretos de ley, ordenando un toque de queda a nivel nacional a partir de este día.
El toque de queda será desde las 22:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente
Castillo aseveró que todos los ciudadanos que poseen armamento legal, deberán entregarlo a la Policía Nacional en un plazo de 72 horas, y quien no lo haga, estará cometiendo un delito que será sancionado con la pena privativa de la libertad.
La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico.