Colombia | 2023-03-15
Esta decisión de cancelar las ordenes de captura fue el primer paso para iniciar las negociaciones de paz con quienes no se sumaron al acuerdo de 2016.
Los guerrilleros serán “reconocidos como representantes del autodenominado Estado Mayor Central”, la mayor facción disidente, para dialogar con el gobierno.
El presidente Gustavo Petro había pedido al ente investigador de manera soterrada suspender las órdenes de captura contra los guerrilleros y se debatía entre reconocer a los disidentes como actores políticos -pese a haber rechazado el histórico acuerdo que convirtió las FARC en partido político- o tratarlos como bandas del narcotráfico.
Según Barbosa, el mandatario concedió el mismo reconocimiento a los miembros de la Segunda Marquetalia, facción integrada por guerrilleros que estuvieron en el proceso de paz pero lo abandonaron alegando incumplimientos. El fiscal, sin embargo, no ha levantado los pedidos de captura contra miembros de ese grupo.
El gobierno no ha anunciado cuándo se sentará a la mesa con los disidentes del Estado Mayor Central, cuya operación se extiende en buena parte de los 32 departamentos del país, especialmente en la Amazonía, el Pacífico y la frontera con Venezuela.
Según cálculos independientes, el EMC tiene más de 2 mil combatientes y la cifra va en aumento. El grueso de las FARC, de 7 mil guerrilleros, se desmovilizó en 2017.
En medio de la llamada política de paz total, delegados de Petro conversan desde noviembre con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en sedes rotativas como Caracas, Ciudad de México y próximamente en La Habana.
La fuerza pública y los rebeldes de todas las facciones están en un cese bilateral al fuego desde el 31 de diciembre, aunque el gobierno ha señalado violaciones al acuerdo.
En una entrevista concedida el 1 de marzo a la AFP, un jefe guerrillero del EMC del departamento de Nariño (suroeste) aseguró que una suspensión de órdenes de captura contra sus compañeros representaba el inicio de los diálogos de paz.
La actividad guerrillera y las operaciones de grupos herederos del paramilitarismo y narcotraficantes mantienen vivo el conflicto armado en Colombia.
Casi seis décadas de enfrentamientos con las fuerzas estatales dejan más de nueve millones de víctimas, entre desplazados, desaparecidos y asesinados.